En relación al que se califica como el mayor desastre ecológico, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, indicó inicialmente que había sido originado en un deslave de origen natural que ocasionó la rotura del oleoducto el SOTE, sin embargo, súbitamente cambió de posición para indicar que el daño fue causado por sabotaje, añadiendo que algo similar hacía peligrar a la provisión de agua para Quito, en Papallacta. Esto lo manifestó en entrevista en Ecuavisa con Lenin Artieda, en la que calificó de terroristas a los supuestos autores. Fundamentó su denuncia en un reporte de la Policía, de su comandante; dijo no conocer el informe, que no sabe si tendrá cien o doscientas páginas, porque a ella solamente le pasaron un resumen ejecutivo.
Como el entrevistador le preguntó si tenía pruebas sobre su afirmación, la ministra contestó diciendo que las pruebas deben estar adjuntas al informe del comandante de la Policía (que ella no ha estudiado) presentado a Petroecuador. Luego se negó dar más explicaciones porque manifestó son parte de las investigaciones que son reservadas.
En realidad –digo yo- ese informe era dirigido a Petroecuador, entidad adscrita a su ministerio, y que ella podía requerirlo y estudiarlo, y que, además, no tiene el carácter de confidencial, como sí lo tendría si fuese parte de una investigación previa de la Fiscalía General del Estado. Con posterioridad a la entrevista, el nuevo gerente de Petroecuador atribuyó la rotura del oleoducto a un deslizamiento de tierras y no hizo ninguna referencia a un sabotaje. Así, nos encontramos con una gravísima denuncia que formula la ministra basada en un informe que no ha leído.
Pero, viene luego, en la misma entrevista, otra acusación gravísima, la relativa a un supuesto sabotaje en Papallacta, que pone en peligro a las fuentes de agua potable de Quito, insinuando responsabilidad del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, con lo cual ha alarmado a la población de la capital.
El alcalde ha calificado de irresponsable la afirmación de la ministra, pero, por precaución, ha dispuesto reforzar las medidas de seguridad para la provisión de agua solicitando la cooperación del Ejército y la Policía.
Las denuncias de la ministra Manzano ameritan una profunda investigación de la Fiscalía; tanto más por la mención a grupos terroristas.
En el caso de Quito, es de desear que la denuncia de la ministra no conlleva implicación política, ahora que vemos continuos enfrentamientos del Gobierno con los alcaldes de las más grandes ciudades del país. ¡Estamos en medio de un proceso electoral!
Desgraciadamente, la política influye en muchas decisiones judiciales de todo nivel. La Fiscalía no escapa de sospecha. Así lo vemos en el caso del Tribunal Contencioso Electoral que ha despojado de sus derechos políticos a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Con su decisión, el Tribunal ha intervenido en un campo que le está vedado, porque tanto el presidente como la vicepresidente de la República solo pueden ser juzgados por la Asamblea Nacional. ¿Qué hubiera pasado si la sentencia hubiera sido dictada en contra del presidente de la República? (O)
