Existen movimientos ambientalistas que no entienden el sector formal de esta actividad o en su celo por proteger el medioambiente, exageran sus acciones y reclamos. Se oponen por principio a todo tipo de proyectos bajo el argumento de proteger los usos naturales del suelo y preservar el cuidado del agua. No se dan cuenta de que hoy la minería responsable está debidamente justificada; los proyectos bien concebidos y sobre todo ejecutados con los cuidados necesarios y el respeto al medioambiente son muy necesarios y convenientes.
Con solo dos proyectos industriales en operación y ejecución, Fruta del Norte y Mirador, el Estado recibe ingresos fiscales netos, superiores a 1.000 millones, que representan más del 5 % de la recaudación total del 2024, representaron la generación de 77.000 empleos y más de 3.000 millones en exportaciones, constituyéndose en el quinto rubro de importancia para el país. El BID asegura que Ecuador tiene un gran potencial de crecimiento económico, en exportaciones e ingresos fiscales con la actividad minera, lo que representa algo especialmente relevante y muy importante hoy, que la actividad petrolera está en un franco declive por la falta de producción, inversiones, exploración y nuevas reservas en ese sector.
La acción de protección planteada al proyecto Curipamba - El Domo es una demostración palpable de las dificultades e incomprensiones que tiene el sector para desarrollarse debidamente; las objeciones a Loma Larga (Azuay) igual. El índice de atractivo para la inversión minera para el país registró un desplome del puesto 27 al 64 en 2023, de un total de 86 países analizados. Con las tasas recién creadas de fiscalización minera descenderemos aún más o saldremos de los países comparados. Brasil, Chile y Perú son los mejores posicionados en la región.
Existen algunos proyectos a punto de iniciarse, seis que representarían más de 10.000 millones de inversión, 12.000 empleos en diferentes provincias y una nueva fuente de ingresos para el Estado y de divisas por sus futuras exportaciones. Los proyectos son Cascabel en Imbabura, Cangrejos en El Oro, La Plata en Cotopaxi, Curipamba en Bolívar, Loma Larga en el Azuay y Warintza en Morona Santiago. Fruta del Norte anuncia nuevos grandes planes de ampliación e inversión.
El sector necesita mayor apoyo gubernamental, seguridad jurídica, estabilidad tributaria, transparencia en la apertura del catastro, reformas normativas para agilizar el sector. La recién creada tasa de supervisión y control minero es un nuevo impuesto, disfrazado de tasa y de un servicio inexistente. Es remar en contra, su aplicación ha sido impugnada por inconstitucional. Se cuestiona la falta de proporcionalidad, su impacto desmedido sobre la fase de exploración minera y su efecto desincentivador en la inversión formal del país. El Gobierno debería suspender la vigencia de la tasa recién creada. El país necesita certezas más que discusiones o impugnaciones. Estas medidas no se imponen, deberían ser producto del diálogo con los involucrados. Estamos a tiempo de rectificar y actuar con sensatez. (O)
