La Asamblea no quiere aprobar el incremento al 15 % del valor del IVA por distintas razones, según los intereses de los partidos. Los políticos cuidan su popularidad y consideran que les hace daño cargar al pueblo con más impuestos. En el caso actual, en vísperas de elecciones, es más problemático. Mientras los asambleístas se cuidan, el problema de la inseguridad sigue allí, con su esencia insoluble. Es evidente que ha bajado el número de asesinatos por el excelente trabajo de la fuerza pública, y también porque muchos de los sicarios y homicidas están presos, ¿hasta cuándo? Ya tendrán trabajo los abogados especialistas en el arte jurídico de manejar a su conveniencia los derechos y garantías legales para sacar libres a algunos.

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Se sabe que el IVA es un gravamen indirecto. Este tipo de impuestos no es el más justo, porque la masa gravada es toda la población, pero más afecta a los pobres. Es verdad. Pero al mismo tiempo, la seguridad es también necesidad de todos, sin excepción. De la delincuencia organizada debemos todos ser protegidos, ricos y pobres por igual. Lo mismo que el impuesto. Es una consecuencia lógica inferir de estas dos afirmaciones la justificación para dotar al Estado de más recursos y mejorar la seguridad.

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Quedan al descubierto las vueltas que le dan al sencillo problema, proponiendo subidas escaladas o postergadas. Los gastos de la movilización y los sueldos que hay que pagar no esperan. De lo contrario retrocederíamos más de 50 años cuando a los profesores y empleados se les pagaban sus sueldos con mucho atraso.

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Las otras fuentes de financiamiento son exacciones directas con una especial dedicatoria a los bancos comerciales y a los negocios más rentables, entre los cuales están los de venta de comida y medicinas. Vean la lista de los que pagan más impuestos y comprobarán lo que dejo escrito. Parece que algunos partidos se lavan las manos y esperan que los treinta días pasen para que la ley entre en vigencia sin tocar el proyecto.

El conflicto armado y el IVA

Unas palabras sobre la consulta. La Corte Constitucional está integrada por jueces confiables y conocedores del derecho. Hay unos que más y otros que menos, y se nota. No ha aprobado todas las preguntas y ha rechazado cuatro de veinte. No dudo que le falta razón. En todo caso, si tales jueces se equivocan no hay quien los corrija ni quien enmiende sus errores. Tal vez quienes formularon las preguntas carecieron de la prolijidad que debe tener un legislador en lo esencial de los temas a consultar y en la forma y el correcto uso del idioma para que las cuestiones no induzcan a error a los consultados. Hay que conocer las leyes y evitar redundancias. Parece que con simples reformas a la legislación vigente se podría no preguntar a un pueblo de cuya ilustración no estamos muy seguros. Sin duda algunos juristas consideran que es un error confiar en los legisladores, en sus conocimientos y hasta en su integridad, porque no han sido ejemplares aquellos del pasado reciente que extorsionaban a sus propios empleados.

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Lo digo porque quien propone un proyecto de ley es un legislador en ciernes que adquiere la titularidad cuando su propuesta es aprobada. (O)