En las últimas semanas, dos narraciones distintas sobre la desaparición de los #cuatrodeGuayaquil han competido por la atención de los ecuatorianos. La más humana nos habla de cuatro niños que desaparecieron de manera forzada en manos de hombres vestidos con uniformes militares. La más despiadada niega toda responsabilidad estatal, aunque esta versión contradiga los principios más elementales de la cultura militar en el país.
En Ecuador, como en otros países del mundo, el sector de la seguridad nacional tiene un papel importante en la perpetuación de la violencia porque los grupos criminales cuentan con el mismo apoyo, directo e indirecto, de militares. Además, el plan Fénix del presidente Daniel Noboa Azín les dio a los agentes de las Fuerzas Armadas la licencia legal y moral para combatir la violencia con más violencia. Aunque de nada ha servido porque tenemos igual o más miedo que antes de salir a las calles.
A lo largo de la historia, la legitimación del derecho militar por encima del derecho civil ha sido caldo de cultivo para los abusos sistemáticos de los soldados sin espacio para cuestionamientos. Como actúan por orden superior, el personal de tropa no es comúnmente juzgado por cometer atropellos y sus jefes no van a admitir jamás que dieron una orden que implique que ellos puedan ser juzgados por haberlo hecho.
Como explica Alejandra Ortiz Ayala, los soldados, a la final, son entrenados para ser efectivos en batalla, sin dudas y sin remordimientos. Y, en países coloniales como Ecuador, el Estado perfila a ciertos individuos como menos merecedores de su protección e incluso los vuelve más vulnerables al abuso de las fuerzas del orden. Los #cuatrodeGuayaquil son niños afroecuatorianos, es decir, de un sector de la población económicamente marginalizado y racialmente discriminado en el país. No son el niño rubio ojiazulado que Lavinia Valbonesi carga en los brazos en sus diferentes publicaciones de Instagram en los días en que unos padres lloraban desesperados por unos hijos que no volverán.
El presidente Noboa se tardó 14 días en referirse por primera vez a la desaparición de estos niños, cuando ya era insostenible fingir frente a la opinión pública internacional que no estaba al tanto. Necesitó unas horas más para afinar su discurso hasta llegar a afirmar que ha “sugerido a una comisión que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Se estaba anticipando a lo que vino poco después: las afirmaciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, de que los militares nada más les dieron un gentil aventón hasta Taura.
Josué e Ismael Arroyo, hermanos de 14 y 15 años, y sus amigos, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de apenas 11 años, no son héroes. Son víctimas de la violencia estatal y una sociedad racista en la que la vida de unos vale menos que la de otros y donde campea la inseguridad personal y jurídica. Roja la sangre derramada de estos niños, en rojo la deuda de un gobierno que ofreció combatir el crimen; poco mérito tendrá cualquier logro si debe reposar sobre los huesos de inocentes. (O)
