La Constitución que nos rige es, sin duda, la peor de las tres que hemos tenido desde el inicio del periodo democrático. La vicepresidenta Abad es la persona menos capacitada de las 19 que han ocupado ese cargo. Es innegable que la Constitución debería ser sustituida, así como sería una medida de salud institucional que la vicepresidenta nunca pudiera desempeñar la única función que corresponde a su cargo, que es reemplazar al presidente. Pero, para que esas esperanzas se concreten, no basta con pregonarlo a los cuatro vientos. Para liberarse de esos males se debe seguir un trayecto largo, porque ambos están asentados sobre principios que la convivencia democrática obliga a respetar. Sin embargo, en un solo acto, el Gobierno echó al tacho de basura la Constitución para cerrar el camino de la vicepresidenta hacia el despacho presidencial.
Revisando la historia reciente se puede recordar, como algunas personas lo han hecho, que este acto forma parte de las prácticas políticas ecuatorianas. En efecto, eso fue lo que sucedió cuando el Congreso posesionó a un presidente interino, un cargo que no constaba ni siquiera en una ley de ínfimo nivel. Así ocurrió también cuando, por vía rápida, sin seguir los procedimientos establecidos, en una sola sesión el Congreso destituyó a los integrantes del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional. El episodio se repitió cuando el presidente del Tribunal Electoral fue la mano siniestra encargada de cumplir la orden presidencial de expulsión de la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso y su sustitución por los “diputados de los manteles” (los fundadores del borreguismo). A estos episodios se añaden los golpes de Estado, la máxima expresión de la hipocresía institucional al ser tratados por gran parte de la opinión pública como gestas heroicas.
Todo eso ha ocurrido y lo hemos dejado pasar y así, como dicen los juristas, se ha sentado jurisprudencia. Se ha normalizado lo irregular, lo inconstitucional, lo antidemocrático, que, como se puede comprobar, no eran características exclusivas del viejo Ecuador, como repite el sonsonete de la propaganda gubernamental. La conducta tramposa no es solo atributo de generaciones pasadas, es un patrimonio de la cultura política nacional. Esta ha sido rápida y eficientemente asumida por quienes con pompa se atribuyen la identidad del nuevo Ecuador.
El problema no se inició con la resolución de una funcionaria ministerial subalterna carente de facultades legales y mucho menos constitucionales para tomar esa medida. Su origen estuvo en la selección que hizo el entonces candidato presidencial como compañera de fórmula. Para enmendarlo y como eficientes aprendices de las mañas, estos nuevos ecuatorianos han dado no solamente un paso, sino un salto adelante. Este queda sentado como precedente y en el futuro cualquier autoridad de tercer nivel –manejada a control remoto, por supuesto– podrá destituir a cuanta autoridad de elección popular se le ocurra. Incluso con un presidente de la República, sin que valga la boba respuesta del exministro de Gobierno, que quedó para los anales de la tontería criolla, cuando respondió con lo supuso que sería la gran picardía a la pregunta del periodista que le hizo notar que eso podría aplicarse también a un mandatario. A cualquiera. El viejo Ecuador está vivo. (O)
