El país debate sobre si el petróleo del Yasuní debe quedar enterrado eternamente, o debe producirse.
El análisis se ha centrado mayoritariamente, en cuánto dinero se le quitará al presupuesto del Estado y cómo se puede financiar ese hueco de entre 300 y 400 millones de dólares al año. Habiendo analizado mucho sobre el tema en el artículo anterior a través de esta columna, me concentraré en dos aspectos que siendo cruciales han sido comentados muy poco.
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El primero es la tremenda inseguridad jurídica del Ecuador. Somos un país en el cual muchos gobiernos han terminado unilateralmente contratos. Hemos perdido una gran cantidad de litigios internacionales, que nos han significado un grave perjuicio económico. Estamos esperando un golpe grande, el de Chevron, empresa que demostró un vergonzoso contubernio entre función Ejecutiva y función Judicial, para gestar una sentencia de miles de millones de dólares en su contra. Pronto vendrá el costo de reparación, que seguramente nos hará temblar a los ecuatorianos.
La pregunta sobre el Yasuní es mucho más grave que la historia de rompimiento de contratos y de decisiones unilaterales del Ecuador. Esos han sido hechos producidos por gobiernos, con una intencionalidad política. Pero cuando toda una población se pronuncia sobre romper varios contratos que están en plena ejecución, realizados legalmente, estamos hablando ya de una cultura nacional, de todo un pueblo que cree que los contratos son servilletas de papel, o papel toalla desechable. Una cosa es que Idi Amin Dada Oumee haya sido un tirano salvaje en Uganda, criminal y hasta caníbal (por propia confesión), otra cosa es que una consulta popular en Uganda hubiera aprobado la práctica del canibalismo.
Si la consulta sobre el Yasuní favorece el rompimiento de los contratos vigentes, sería ya no un gobierno, ya no los políticos, sino el mismo pueblo el que se pronunciaría sobre la no validez de los contratos legales, sobre la total inseguridad de los mismos en el Ecuador.
El segundo punto que no se entiende bien es que la afectación económica viene por dos lados. Una, efectivamente, porque el presupuesto pierde recursos, pero la otra que casi no se menciona, es que la balanza de pagos, el sector externo del Ecuador pierde la generación de divisas por 1.200 millones de dólares, para las cuales no hay substituto en el corto plazo.
En el Yasuní se explota petróleo. Petroecuador es el operador, pero ha firmado contratos con empresas que realizaron la perforación y están haciendo la inversión y la extracción. El petróleo se exporta, y los 1.200 millones de dólares van a las cuentas de la Reserva Monetaria. Petroecuador luego le paga a las empresas por sus servicios y otros costos más, se apropia de una parte para su funcionamiento y le entrega un remanente al Estado, que son unos 300 a 400 millones de dólares, dependiendo del precio del crudo.
Es sobre estos 400 millones de dólares que se ha centrado el análisis. Para eso se pueden subir impuestos, por ejemplo, y se compensan (con el impacto que subir los impuestos tiene sobre la economía). Pero sobre lo otro el Gobierno NO PUEDE TOMAR MEDIDAS. Si faltan divisas para importar medicinas, para importar maquinaria o insumos, el Gobierno no lo puede resolver subiendo impuestos. Sencillamente los dólares no estarán ahí, y eso es menos capacidad de importar, y eso es menos capacidad de crecer y de salir de la pobreza.
Una dolarización se fortalece asegurándose de que al país ingrese la mayor cantidad de dólares posibles. Una dolarización se debilita asegurándose de que la menor cantidad de dólares ingrese al país.
La ilusión de los bonos verdes está cada día más clara para los ciudadanos. Intuyen que vendrán más impuestos, o recortes de gastos, que afectan a varios sectores si se aprueba la consulta. Pero la ciudadanía no ha recibido ninguna información, ni propuesta de los que favorecen la no producción, sobre cómo se van a sustituir las millonarias cantidades de divisas que hoy ingresan al país por concepto del petróleo del Yasuní.
Recordemos estas dos cosas. Decir sí a quienes no quieren la producción es decirle al mundo que los ciudadanos del Ecuador creen en poder irrespetar cualquier contrato, que creen firmemente en la inseguridad jurídica y no en el régimen de derecho. Decir sí a quienes no quieren la producción es dejar al Estado sin recursos, pero más importante, es dejar a toda la sociedad con menos disponibilidad de divisas para todo aquello que las divisas son indispensables.
Ojalá que no prime el fanatismo ecológico, igual de malo que la indolencia frente a las reales amenazas sobre el ambiente, sino que se impongan la sensatez y la razón. (O)
