Es una razón existencial para el Estado, sus autoridades e instituciones el que están inseparablemente vinculados con los derechos de los ciudadanos a través del ordenamiento jurídico. Este sirve de enlace a la obligación estatal de garantizar los derechos. Entre estos se destacan constitucionalmente la salud, la educación, la seguridad social, la alimentación y el agua, garantizados “en particular”, según el artículo 3 numeral 1 de la Constitución. Los servicios de salud se rigen por los principios de equidad, solidaridad, calidad, eficiencia, etc., según el artículo 32 de la ley suprema. Los adultos mayores tienen la garantía del “acceso gratuito a medicinas”; las mujeres a los “servicios de salud materna” (art. 43 n.º 2). Las proclamaciones sobre la salud abundan en la Constitución.
Hospital en Quito cuenta con el primer centro nacional de medicina y cirugía fetal de Ecuador
El Estado tiene, pues, la obligación de hacer realidad la garantía de los derechos, especialmente de aquellos que garantiza “en particular”. Me enfocaré en la salud. Los servicios de salud constituyen tal vez el peor de los servicios públicos de responsabilidad estatal. Su “modelo de gestión” no puede ser peor. No hace falta profundizar en el mismo, sus resultados están a la vista. El Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) regularmente están en deuda con las entidades de diálisis; le deben sumas extraordinarias a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a Solca. Por no tener infraestructura hospitalaria deben derivar pacientes a hospitales y clínicas privadas, los cuales reclaman el pago por sus servicios.
El nuevo gobierno tiene el desafío de dar un giro extraordinario al modelo de gestión de los servicios de salud pública.
Ante la objetiva tragedia de los servicios de salud pública urge dar un giro de 180 grados. Es obvio que el control de la gestión de los hospitales públicos es, salvo excepciones, un desastre. La adquisición de medicinas en varios hospitales públicos parece gobernarse por los principios rectores de la estupidez y la negligencia. Los grandes volúmenes de usuarios de salud permiten planificar con vertiginosa claridad el trabajo, abaratar costos por la magnitud de las compras, definir con claridad un sistema de control eficaz. En la Junta de Beneficencia nunca se escucha de dramas en sus servicios. Al revés, auxilia al Estado. ¡Entonces copien su forma de trabajar!
Hay que idear un esquema de participación privada en la prestación de servicios de salud pública que le permita al Estado no solo cumplir con el servicio, sino adquirir infraestructura financiada por particulares y mantenida por particulares. Esto no es “privatizar”. El Estado no pierde ningún activo, más bien ganaría activos. Piénsese que actualmente muchos hospitales y clínicas particulares atienden en gran volumen algunos servicios de salud ante la insuficiencia estatal. El nuevo enfoque que urge darle a los servicios de salud estatales debe desterrar la ideología y la politiquería. Estamos hasta la coronilla del canibalismo político y del fracaso en la gestión de varios servicios públicos. El nuevo gobierno tiene el desafío de dar un giro extraordinario al modelo de gestión de los servicios de salud pública. Hay que profundizar en el análisis de ese modelo para cambiarlo, en lo pertinente. (O)
