Al cúmulo de problemas sociales se ha unido en los últimos años el recrudecimiento de la extorsión. Es un delito tipificado en el art. 185 del Código Orgánico Integral Penal como un acto que obliga a otro, con violencia o intimidación, a emitir un acto o negocio en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

No pocas veces la extorsión va unida al secuestro para exigir grandes cantidades de dinero y sus víctimas son personas que pueden pagar costosos rescates. Pero en los últimos tiempos, los delincuentes abusan de pequeños propietarios, de gente que no es rica, de comerciantes que han debido cerrar sus negocios para no ser víctimas de atentados mayores. También la prensa informa de estudiantes que extorsionan a sus profesores para obtener buenas calificaciones sin merecerlas. Son figuras inéditas de violencia contra maestros que merecen el mayor respeto, por ser tales.

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Se trata de organizaciones delictivas, pues parecen actuar bajo órdenes y protección de jefes de bandas creadas para vivir del esfuerzo de sus víctimas. Tal vez tengan protección de jueces y autoridades que los defienden y amparan.

En algunas partes del país, la gente unida se defiende por sí propia. Hemos visto varios linchamientos porque a las acciones violentas se responde igual. La fuerza pública no puede estar en todas partes y muchas veces llegan y salvan a los delincuentes apresados por el pueblo. Las reacciones están a la vista. Los barrios cercan sus espacios con puertas de hierro, controlan la entrada de terceros desconocidos, pero no pueden impedir que en las calles y los negocios se sufra por la delincuencia.

¿Fatalmente condenados?

El clamor general es por seguridad. La Policía, las autoridades deben actuar de inmediato, de oficio, sin esperar denuncias que la gente no hace porque tiene miedo. Los jueces deben ser sensibles y aplicar condenas severas a los culpables vacunadores. La inteligencia militar o policial debe investigar dónde están los capos del negocio y aplicar las penas que corresponden a los autores intelectuales de los delitos. ¿Será que todavía tienen teléfonos celulares en la penitenciaría? ¿Será que la organización delictiva sigue intacta y que el narco fallecido cuyos teléfonos han permitido descubrir su organización que llegó a comprar a individuos que tienen fuero de corte continúa con otros jefes?

Creo que no podemos cantar victoria. La señora fiscal tiene todavía mucha tela que cortar y su probidad hará falta por muchos años más. La lógica de la situación nos dice que las estructuras criminales están en todo el mundo porque los negocios principales de las drogas son mundiales.

El pueblo, los barrios, la gente de bien debe, debemos unirnos para que la justicia actúe. No debemos hacerla nosotros mismos porque caeríamos en lo mismo que tratamos de evitar: el delito. Pero los jueces deben demostrarnos que podemos confiar en ellos y los legisladores deben revisar las garantías constitucionales para que no abuse de ellas. Que sepamos los nombres de los delincuentes, que pasen la vergüenza de verles los rostros en los medios. Que se reduzca la edad de la semiimpunidad para delincuentes adolescentes. Que vivamos en paz. (O)