La crisis judicial que arrastra al Ecuador no aminora. Todo lo contrario: crece y su fuerza destructiva parece invencible. Nuestra dirigencia en su mayoría sigue sin comprender la gravedad de este problema; como nunca entendieron tampoco el daño que le hacían al país sus prácticas autoritarias y su desdén por la ley. Las consecuencias están a la vista. El país terminó cooptado por el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción sistémica. Un país desinstitucionalizado como el nuestro es presa fácil de estas fuerzas. Por décadas la impronta de los dueños del país de turno fue la de someter el sistema judicial a su servicio. Ese paraíso de tener jueces y fiscales de bolsillo les garantizaba tanto la impunidad de sus delitos como la persecución a la oposición y la violación de las libertades públicas, empezando por la libertad de prensa.
Las sentencias se dictaban desde una hamaca en un cortijo o los sábados desde un set de televisión en medio de grotescas payasadas. El daño era el mismo. La gran mayoría de los jueces dejaron de ser garantes del derecho y bastiones frente al abuso, para convertirse en simples operadores de fuerzas políticas y económicas. Para cuando los carteles llegan al Ecuador, les fue fácil penetrar en el sistema judicial. La mesa ya estaba servida gracias a la clase dirigente ecuatoriana, que, como dije, nunca ha comprendido, o no ha querido entender, el valor de un sistema judicial independiente y profesional, al servicio de la ley y el derecho.
Como resultado de este proceso, hoy tenemos un sistema judicial débil, poroso, manipulable tanto por políticos como narcotraficantes. Un expresidente del Consejo de la Judicatura está preso por crear una red de corrupción. Otro tuvo que salir del mismo cargo por sus vínculos con el narcotráfico, y lo hizo solo después de una intensa presión de la sociedad civil. Quien debería sucederlo legítimamente en ese cargo está impedida de hacerlo por resoluciones absurdas. Y así por el estilo. Si esto pasa en importantes instancias públicas, ¿qué pueden esperar los ciudadanos comunes, los empresarios, los inversores extranjeros, los trabajadores, cuando por algún infortunio deben pisar esa caverna que es nuestro sistema judicial? Excepciones hay, por supuesto. Pero ellas no son suficientes.
Nuestro país sigue bajando en los rankings internacionales que califican sistemas judiciales. Índices como los del World Justice Project, el Banco Mundial o Transparencia Internacional nos siguen ubicando en el grupo de naciones con los sistemas judiciales más corruptos, ineficientes y sometidos al poder político. Los centros de arbitraje internacionales se llenan de demandas de inversores extranjeros por denegación de justicia. Y en las instancias internacionales de derechos humanos, el Ecuador es uno de los países más demandados por violaciones al debido proceso. Estudio tras estudio coinciden en la íntima conexión que hay entre el desarrollo económico, la democracia y la transparencia judicial. Pero la mayoría de nuestras élites prefieren hacerse de la vista gorda sin darse cuenta de que un día serán devoradas por el monstruo que ellas han creado, o, lo que es peor, que prefirieron ignorar.
La sociedad civil debe organizarse. La defensa del Estado de derecho es una tarea ineludible. (O)
