Durante los años 2024 y 2025 hemos deliberado ampliamente sobre nuevas formas de garantizar un acceso efectivo a la justicia constitucional en el Ecuador. En abril de 2024, a través de una consulta popular, los ecuatorianos nos pronunciamos a favor de la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Como consecuencia, procesos como la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus, entre otros, ya no serán conocidos por todos los jueces a nivel nacional, sino únicamente por aquellos denominados “especializados”.
Hoy, próximos a iniciar un nuevo año y con un sistema de justicia ampliamente desgastado por la corrupción, como ciudadana y como jurista me pregunto: ¿Estamos frente a un verdadero cambio paradigmático en la justicia? o ¿simplemente hemos creado más burocracia sin atender los problemas estructurales ni las legítimas exigencias ciudadanas?
Hace pocos días compartí un panel de diálogo académico en el que reflexionamos sobre este tema. Mis colegas y yo partíamos de una preocupación común: la fragilidad de nuestras instituciones, de quienes las dirigen y, en general, de una democracia debilitada que ha llevado a que la ciudadanía decida en las urnas asuntos eminentemente técnicos.
La implementación de estas judicaturas enfrenta retos sustanciales: la necesaria celeridad procesal, la prevalencia de la oralidad, la mejora real del acceso a la justicia, la incorporación de reformas a normas infraconstitucionales, la efectiva ejecución de sentencias y la formación adecuada de los operadores de justicia. Pero, antes de abordar estos desafíos, existe un reto superior: la transparencia e independencia con la que debe llevarse a cabo el concurso de méritos y oposición que permitirá cubrir nuevas plazas de jueces a nivel nacional.
Así, es cierto que estamos cerca de la puesta en marcha de un nuevo modelo de justicia constitucional que aspira a convertirse en una herramienta para evitar los abusos y/o desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, así como para devolver la confianza del ciudadano en el juez. No obstante, también es cierto que estamos peligrosamente cerca de repetir más de lo mismo: un sistema afectado por la “plaga” y la “metástasis” de viejas prácticas, que, bajo la etiqueta de la “especialización”, no aporte soluciones reales, sino que termine por entorpecer aún más la justicia.
En este sentido, si las autoridades realmente desean propiciar cambios profundos en la justicia, deben empezar por garantizar la búsqueda de perfiles que, más allá de lo técnico –sin duda altamente deseable–, nos aseguren juezas y jueces con un genuino sentido de justicia, cuya integridad no se vea comprometida por intereses de ningún tipo. A partir de ello, además, resulta imprescindible el respeto irrestricto a la participación ciudadana en la fase de impugnación del concurso, como un mecanismo indispensable de control democrático. Solo así habremos dado tan solo un primer paso de los muchos que este sistema necesita para dejar de enfrentar, una y otra vez, el drama del “más de lo mismo”, como si en el Ecuador no pudiéramos, de una vez por todas, tomarnos la justicia en serio. (O)
