Desde que en diciembre de 2023 se cumplieron los allanamientos y primeras detenciones del caso Metástasis el riesgo de seguridad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, habría subido a la alerta máxima. En la Corte, durante la audiencia de vinculación de ocho personas en este proceso, este 3 de enero, la funcionaria afirmó que el mismo grupo que asesinó al excandidato presidencial Fernando Villavicencio fue contratado para atentar en su contra.

En junio pasado, antes de que sea pública la investigación de Metástasis, la fiscal recibió un mensaje de video amenazante en su cuenta de WhatsApp, por lo que el Ministerio del Interior dispuso el refuerzo de su seguridad. Para entonces se dijo que equipos de inteligencia trabajaban para dar con los responsables.

La fiscal general Diana Salazar denuncia que los mismos que mataron a Fernando Villavicencio quieren atentar contra ella

Los resultados de dicha investigación no se conocen o al menos no son públicos, pero el hecho evidenció, una vez más, la facilidad con la que los delincuentes pueden llegar a un teléfono privado.

En los últimos días de diciembre, una tanqueta blindada de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 170 vallas fueron instaladas alrededor de la Fiscalía. Y hay una bitácora de alertas de posibles atentados contra la fiscal y su familia.

Las leyes ecuatorianas garantizan la seguridad de los ciudadanos, pero lamentablemente no todos lo pueden sentir así en momentos en que la delincuencia organizada se toma las calles.

Xavier Jordán demandó en EE. UU. a la fiscal Diana Salazar por difamación

El Estado está comprometido a brindar seguridad a quien no solo lidera las investigaciones de Metástasis, sino que ha participado directamente de las indagaciones de casos como Sobornos 2012-2016, Odebrecht, helicópteros Dhruv, secuestro de Fernando Balda, Caminito, Secom, hospital de Pedernales, Las Torres, Sinohydro, entre otros.

Si la misma Diana Salazar dio indicios, nombres y pistas de quienes amenazan su integridad, sigue la acción de las autoridades llamadas a dar protección a los ecuatorianos. El Estado, con sus diversas funciones, debe responder ante cualquier riesgo. (O)