El debate sobre el empleo en el Ecuador suele estar atrapado entre la necesidad urgente de crear oportunidades y la resistencia automática a cualquier cambio en la normativa laboral. En ese contexto, el Acuerdo Ministerial n.º MDT-2026-059, emitido por el Ministerio del Trabajo el 10 de marzo de 2026, introduce un mecanismo razonable y moderno: la posibilidad de distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias, siempre por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador y sin recargos adicionales.
Lo primero que conviene aclarar es que esta medida no afecta a quienes ya están trabajando bajo el esquema tradicional. Nadie está obligado a adoptarla. Si un trabajador no desea acogerse a esta modalidad, simplemente continúa bajo las condiciones actuales. Es, por tanto, una opción voluntaria y no una imposición.
Su principal valor radica en la flexibilidad de la jornada de trabajo. En muchas actividades económicas –especialmente en servicios, comercio, turismo, logística o industrias con picos de demanda– los horarios rígidos terminan siendo un obstáculo para contratar. Permitir turnos de hasta diez horas diarias facilita organizar la producción, reducir costos operativos y, sobre todo, abrir espacios para nuevas plazas de trabajo.
Esto puede traducirse en más oportunidades para jóvenes, personas que buscan su primer empleo o trabajadores que hoy permanecen en informalidad. En lugar de tener menos personas trabajando más horas extras costosas, el esquema permite distribuir mejor el trabajo y ampliar la contratación. También ofrece ventajas para ciertos trabajadores. Para muchos puede resultar atractivo concentrar la jornada semanal en menos días, pero sin aumentar las 40 horas legales, y poder disponer de más tiempo libre continuo o compatibilizar el empleo con estudios, con la familia u otras actividades. La clave es que la decisión sea consensuada.
Frente a ello, sorprende la reacción de algunos activistas y dirigentes laborales que, fieles a una retórica ideológica anclada en el pasado, que se oponen de manera automática a cualquier intento de modernizar las reglas del trabajo. Con frecuencia hablan en nombre de los trabajadores, pero terminan defendiendo esquemas que dificultan la generación de nuevos empleos en un país donde el desempleo y la informalidad siguen siendo problemas estructurales.
Negarse a discutir mecanismos de flexibilidad, aun cuando son voluntarios y no afectan derechos adquiridos no beneficia a los ciudadanos sin empleo formal. Más bien perpetúa un sistema que protege prebendas a quienes ya están dentro, mientras deja fuera a millones de ecuatorianos que buscan una oportunidad.
El desafío del Ecuador no es conservar intacto un modelo laboral que nació en el siglo pasado y para otra realidad económica y social, sino encontrar fórmulas que permitan producir más, contratar más y crecer económicamente, respetando el derecho de los trabajadores. En esa dirección, el acuerdo del Ministerio del Trabajo constituye un paso pragmático importante y positivo, que merece ser evaluado con seriedad y sin prejuicios ideológicos. (O)
