El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, en su entrevista de despedida, señaló: “el país debe unirse como sociedad a favor de un interés nacional: la misma ley para todos, cero impunidad, cero corrupción”. Esta noción del Rule of Law, que corresponde al sistema británico del Common Law, puede ser interpretada en nuestro país como Estado de derecho, que al ser un interés nacional subordina al Estado y sus ciudadanos al imperio de la Ley, garantiza la calidad de la democracia y la seguridad jurídica a través de un sistema de justicia equitativo, efectivo y transparente.
Como ciudadanos nos debemos preguntar si es posible tener un Estado de derecho en Ecuador, si podemos aspirar a convertir la Ley en la garantía de nuestras libertades y seguridad, a través del sistema de justicia administrado por el Poder Judicial. La realidad de nuestro país nos revela que la sistemática arbitrariedad, ineficiencia y opacidad del servicio público de justicia hacen de nuestro Estado de derecho un ordenamiento jurídico con limitadas condiciones para su realización.
Si tomamos como referencia el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), que evalúa el respeto al Estado de derecho a partir de ocho dimensiones: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal; identificamos que nuestro país se ubicó en la posición 96 de 142 países analizados. En términos de puntaje Ecuador obtuvo 0.47, en una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor respeto al Estado de derecho.
Las tres áreas que requieren mayor atención por parte del país son: 1) Orden y seguridad, donde se registra una percepción alarmante relacionada a la resolución de conflictos por mano propia, la incapacidad del Estado para controlar el crimen y la presencia de corrupción en la Policía y las fuerzas de seguridad. 2) Justicia penal, donde se evidencia la necesaria efectividad en las investigaciones de la Policía y del ministerio público, la inobservancia del debido proceso, la ineficacia del sistema penitenciario y la injerencia del Ejecutivo en los procesos judiciales. 3) Justicia civil, donde se refleja un alto índice de corrupción, discriminación e injerencia de funcionarios públicos para beneficio propio. En términos generales, estos hallazgos representan un diagnóstico de nuestra realidad en materia de corrupción, seguridad, acceso a la justicia, transparencia y derechos fundamentales, desde la voz ciudadana y su percepción del Estado de derecho en su vida cotidiana.
Un Estado de derecho efectivo y robusto debe ser una aspiración esencial de nuestro país para crear condiciones legítimas de bienestar y prosperidad; al elevarlo a interés nacional nos compromete a ejercer una ciudadanía soberana de protección y defensa contra la corrupción y la impunidad en todas sus dimensiones territoriales: política, económica, jurídica y cultural, donde la tolerancia cero establece el objetivo fundamental e irrenunciable que exige el cumplimiento de la Ley y la sumisión del Poder al derecho. (O)
