La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate hace unos pocos días, y con votación abrumadora, el proyecto de ley presentado en el periodo pasado por Henry Kronfle, que establece la transferencia automática de ingresos permanentes y no permanentes de los GAD por parte del Gobierno central.
Para entender la situación compleja a la que se enfrenta el presidente, es importante agregar un poco de contexto, amigo lector.
Hasta antes de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, aprobada por la Revolución Ciudadana, cada institución pública, es decir, cada municipio, prefectura o empresa pública, manejaba sus ingresos en bancos privados de su elección. Giraba sus propios cheques y manejaba su flujo de acuerdo con sus propias políticas y prioridades.
Con la vigencia de la nueva Constitución se creó la cuenta única del tesoro, que concentra todos los ingresos del Estado en esa cuenta bajo el control del Ministerio de Finanzas (es decir, del Gobierno central) y desde esta se distribuyen a las subcuentas de las otras instituciones públicas.
Esta concentración de fondos del Estado en el Gobierno central, que originalmente lucía como una política ordenada y estructurada, luego se convirtió en mecanismo de presión contra los GAD y permitió que el Estado central use todos los fondos del Estado para cubrir sus permanentes problema de flujo, en detrimento de los compromisos que deben cumplir las otras instituciones del Estado con empleados y proveedores.
El presidente Daniel Noboa reveló el grave estado en el que recibió las finanzas, y ha realizado importantes gestiones políticas e institucionales para tratar de financiar el déficit heredado. Me refiero a las reformas legales aprobadas por la Asamblea Nacional, así como el acuerdo con el FMI y el nuevo crédito de la CAF.
Tampoco es ajeno al conocimiento público la dificultad que el Gobierno tiene para pagar sus cuentas atrasadas con GAD y proveedores, pues ni las reformas legales ni el nuevo acuerdo con el FMI representan ingresos inmediatos de valores, sino, en el primer caso, mes a mes, y en el caso del FMI, en plazos y cada desembolso previo cumplimiento de compromisos, muchos de ellos con un gran costo político para el Gobierno, que dicho sea de paso está ya en campaña para la reelección.
Luego, en ese estado angustioso de flujo por parte del Ministerio de Finanzas, la vigencia de la nueva ley pondría al Gobierno central contra la pared. Me refiero a que tendría que aflojar de golpe cientos de millones adeudados a los GAD, que hasta ahora va soltando de poco en poco, de acuerdo con la disponibilidad de su flujo.
Entonces, el presidente Noboa tiene solo dos opciones: sancionar la ley, y con ello literalmente terminar de estrangular el precario flujo fiscal, o vetarla totalmente (porque en caso de veto parcial los más de 100 votos que la aprobaron seguramente la ratificarán), con lo cual congelaría por un año la iniciativa, decisión que, sin duda, le podría pasar en campaña una costosa factura al candidato a la reelección.
Esta nueva encrucijada enfrenta al gobernante contra el candidato. Veremos cómo sale de ella. (O)
