En modo de pausa por las fiestas, Ecuador atraviesa por una compleja encrucijada. En lo político-electoral, institucional, por la crisis de seguridad y aquella de los apagones que entró a su cuarto mes. Un acontecer que trae preocupación e incertidumbre sobre el porvenir. A semanas de las elecciones generales, el pronóstico se reduce a escoger entre la democracia, con sus debilidades que la vuelven un remedo, y la narcopolítica que amenaza a llevarnos a la debacle de un Estado fallido, junto a dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no cabe el engaño: el socialismo del siglo XXI y el neofascismo son hermanos gemelos; vacían de libertades a la sociedad y convierten a ciudadanos en peones del poder.
La elección se presenta polarizada entre los mismos candidatos finalistas de octubre de 2023, aunque se mantiene la hipótesis de un sorpresivo outsider. Después de todo, Daniel Noboa llegó a la Presidencia en un santiamén, dando la pauta de que cualquier pronóstico se puede revertir. A pesar de la gravedad de la crisis energética, el presidente, que busca la reelección, ha sido resiliente. Se ha acusado a su Gobierno de haber reaccionado tardíamente y no haber encontrado una pronta solución mediante las contrataciones emergentes, que ahora son objeto de cuestionamiento, pero, aun así, viene evitando un desgaste pronunciado en las encuestas.
Es una paradoja, pero la economía no ha colapsado como se preveía por la prolongación de los apagones. En 2024, el cálculo de los organismos multilaterales es que el crecimiento económico ha estado en torno a cero, según el caso, con un pequeño aumento o reducción. Esto a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas calcula las pérdidas acumuladas en 1.800 millones de dólares.
Respecto al debate sobre la condición de narco-Estado del país, resulta una visión sesgada y parcial. Hay instituciones que se mantienen autónomas e independientes como Contraloría, Procuraduría y Fiscalía; otras, por contraste, bajo la sombra ominosa de la narcopolítica como el caso de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el Consejo Nacional de la Judicatura; de forma extensiva, la dirección de la Asamblea Nacional.
Lo paradójico es que hay 16 candidatos a la Presidencia de la República que en su mayoría son auspiciados por partidos o movimientos políticos que apenas son un membrete. Después de 45 años de periodo democrático prácticamente no existen, salvo la RC 5, con su legado sórdido, y el oficialista ADN, ambas organizaciones dependientes de sus líderes supremos; a la vez, el PSC que busca recuperar su voto histórico y Construye, muy dividido desde el asesinato de Fernando Villavicencio. No hay mucho más que ponderar.
Confiando que el ganador sea alguien que encarne la dignidad y el decoro de la patria –y no una mera impostura–, tendrá la tarea de emprender una profunda reforma del Estado ecuatoriano. La burocracia –que significa “el poder del escritorio”– deberá ser puesta en orden para reconectarla con las necesidades más urgentes de la sociedad. Sus cajones –bureau en francés– no pueden seguir siendo el ataúd de la asociatividad público-privada, mecanismo llamado a revitalizar el desarrollo nacional. (O)
