En el derecho romano se consagró el principio “Delegatus non potest delegare” (el delegado no puede delegar). Y así, la Constitución no le concede al presidente de la República la facultad de delegar los poderes que le confirió el pueblo; y la ley administrativa lo prohíbe. Esto, a propósito de que el Gobierno ha designado una comisión para buscar soluciones al terrible problema energético que enfrenta el país.
Esa comisión solamente puede ser asesora, porque la decisión final siempre será del presidente; de él será la responsabilidad política, y a su ministro o ministra del ramo le corresponderá, a más de la política, la responsabilidad legal. Esta –equivocada– interpretación se ha visto agravada por la expresión de la ministra encargada de Energía y Minas, de que con la crisis el que más pierde es el presidente, lo que ha producido indignación.
Como no creemos que pierda mucho, o tanto, en lo personal, como la generalidad de la población, que está realmente sufrida, se ha interpretado lo dicho como que esta crisis perjudica a su candidatura anunciada; como que los intereses normales del presidente son distintos del presidente candidato. ¡Vaya confusión! Está bien que se haya constituido la comisión asesora, y esperemos que se la haya integrado con personas con experiencia, sí, pero excluyendo a las que en sus funciones no atendieron a la adquisición de equipos basados en las energías fósiles, y, mucho menos, a su mantenimiento, que es la razón central de la actual falta de energía; ese error están cometiendo algunos medios de comunicación, que están pidiendo soluciones a los responsables de la crisis.
Necesitamos un Estado como el de Esparta, que sancione sin contemplaciones a los responsables de esta crisis. Hubo tareas que, de acuerdo con el Plan Maestro de Electrificación, debieron ejecutar, y no lo hicieron; ya los he oído: quieren endosar responsabilidades a los mandos medios; pero la responsabilidad corresponde a las más altas autoridades, que debieron ordenar, disponer. En el sector privado, también hay responsables que sabotearon los proyectos que perjudicaban a sus intereses de importación de combustibles.
Hay que establecer responsabilidades, también, de los que hubieran debitado fondos de la electrificación para el pago de la deuda externa; si son, en realidad, 497 millones de dólares, pues, con ellos, se pudo reparar, habilitar, el parque termoeléctrico y no estuviéramos padeciendo de estos apagones. El ministro de Economía le debe una explicación al país.
Los continuos cambios de los horarios de la provisión de energía le tienen desconcertado al país, que ya no cree en la palabra del Gobierno.
Un día se anuncia que se van a reducir los cortes, y, al siguiente, se los duplican, con las más pueriles excusas.
En estos días, en que se ha reducido a tres horas la provisión de electricidad durante las horas hábiles, diurnas, se extiende el feriado a cinco días, a pretexto de favorecer al turismo. El Ecuador paralizado quiere trabajar, producir; la extensión del feriado conduce a la desesperación, al hambre. (O)
