El líder del régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador desde su fundación como república está irritado. La decisión del Gobierno de los Estados Unidos de no permitirle a él y su familia ingresar a esa nación lo ha fastidiado. Lo ha tomado por sorpresa y es, sin duda, una dura condena, moral por ahora, ante el concierto internacional.
Washington ha resuelto imponerle esa prohibición por las graves evidencias de corrupción que contra él existen. No lo ha hecho porque Rafael Correa sea de izquierda o revolucionario o progresista, que es lo que él dice que es. Nada de eso. Correa está sentenciado por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador por delitos contra la administración pública (le dieron ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016), condena que fue posible gracias a las investigaciones que llevó a cabo la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar; y, además, debe pagarle al Estado varios millones de dólares a título de indemnización. También mantiene un llamado a juicio en suspenso por el secuestro del activista político Fernando Balda, en Colombia, en el 2012.
Rafael Correa es el segundo expresidente ‘vetado’ por Estados Unidos: el primero fue Abdalá Bucaram
Como esos adolescentes engreídos que viven mirándose al espejo, Correa se niega a aceptar las consecuencias de sus actos. Su enfermiza vanidad no le ayuda a entender que debe asumir su responsabilidad. Sin embargo, a pesar del tremendo impacto mundial que tiene la decisión de los Estados Unidos, lo cierto es que ella es poca cosa cuando la comparamos con el enorme daño que Correa y su mafia le han infligido al Ecuador.
Decisiones tomadas durante su administración permitieron que miles de jóvenes ecuatorianos se tornen adictos a las drogas y se entreguen a los brazos de los carteles, y que el Estado cayera en manos de grupos del crimen organizado, que ahora no se van a ir de la noche a la mañana. Por ello es que la medida tomada por Washington, importante como es, debe ser simplemente el comienzo.
Otras acciones deberán adoptarse a nivel internacional, incluyendo una conversación muy seria con el Gobierno de Bélgica. Es incomprensible la hostilidad que exhibe dicha nación hacia nuestro país. El darle protección a un sujeto que en su delirio hasta llegó a pedir que el golfo de Guayaquil sea bloqueado para quebrarlo económicamente al Ecuador, no es precisamente una expresión de respeto y amistad hacia nuestro país. Bélgica no puede desentenderse de sus obligaciones como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. La cantaleta de Correa de que es víctima de una persecución política se está agotando.
Entendemos que la decisión de Washington no ha sido simple. Una resolución de esa naturaleza requiere de un detenido estudio y análisis de los antecedentes y evidencias. Después de todo se trata de un exjefe de Estado.
Además, por otro lado, no hay que olvidar que el ingreso de un extranjero a su territorio es un asunto de plena discrecionalidad de cada Estado. En este caso ha pesado el papel decisivo de Correa en institucionalizar a la corrupción en el Ecuador. Que ahora quiera dárselas de víctima es una payasada más que busca ocultar su culpa. (O)
