En el Ecuador que pronto elige poco menos de 5 millones de personas en capacidad de laborar, perciben $ 3 diarios y otros 2 ganan menos de $ 1,7. En el campo existe una pobreza del 42 % de la población. Alrededor del 66% carece de empleo adecuado y el ingreso per cápita es el mismo de hace 11 años, aproximadamente.
En el Ecuador que elige en febrero presidente de la República y asambleístas, no hay propuestas de erradicación de la pobreza. Es normal, como el paisaje, más aún para los candidatos que representan a los sectores más acomodados del país. Y aún más, el Gobierno empobrece al Estado y por ende a sus habitantes, al haber puesto en marcha proyectos como la privatización de Sacha, el mayor campo petrolero nacional, con lo que dejarían de ingresar al fisco $ 1.044 millones según expertos petroleros, para engrosar las ya abultadas alforjas de las transnacionales, conviniendo arbitrajes internacionales, lo que prohíbe la Constitución, que el presidente de la República quiso reformar en la consulta popular y el pueblo, vistos los ingentes perjuicios causados al Estado con dichos arbitrajes, negó, al igual que la otra propuesta de volver a la precarización de los contratos laborales por hora.
Se plantea seguir explotando la tierra hasta agotarla, extrayendo más petróleo y metales, mientras el mundo desarrollado abandona tales prácticas, que aquí ocurren sin importar la voluntad ciudadana y las decisiones judiciales. Ahí está el caso del Yasuní, hogar de pueblos no contactados y de una inmensa biodiversidad de fauna y flora, en cuyo bloque 43 debían cesar en agosto último las actividades de explotación petrolera y donde hasta ahora solo 1 de 247 pozos han sido cerrados, sin que la Corte Constitucional exija al Ejecutivo que se cumpla la consulta popular.
Tampoco se cumplen las sentencias judiciales: los mecheros queman gas que provocan daños en la misma Amazonía castigada y empobrecida a pesar de que enriquece al país, en la salud y cultivos de sus pobladores. En enero de 2022 debían ser quitados por el Estado de los lugares cercanos a los poblados donde los mantiene.
Esa es la opción que busca el voto ciudadano, la que en enero de 2024 debió dar por terminado el contrato para que revierta al Estado la infraestructura de la operación del oleoducto de crudos pesados, valorada en $ 1.500 millones y las acciones de la compañía propietaria, lo que recién hizo en noviembre, perjudicando al país. Hay que estar vigilantes de que el Gobierno no concesione la operación a compañías privadas, ya que en 20 años dejaría de percibir $ 2.500 millones.
La lista de agravios a los derechos de las personas, a la institucionalidad y al ordenamiento jurídico, no termina ahí. En su corto mandato el actual mandatario ha cometido desafueros como ordenar el asalto a la embajada mexicana, para capturar al exvicepresidente Glas, violando una sede diplomática que es inviolable, violando el derecho de asilo que le fue otorgado, violando la Convención de Asilo Diplomático que faculta al Estado requerido con el asilo a calificar si es político el proceso judicial seguido a quien lo solicita y dejando de conferirle el salvoconducto convencional para que abandone el país. En primera instancia se consideró arbitraria su detención, cuanto más que se maltrató al funcionario encargado de la embajada.
Se violó el derecho a la libertad de expresión a una periodista, inventándole el cargo de atentar contra la seguridad pública y estructura del Estado, sin que se le haya notificado del mismo para poder defenderse. ¡Es decir, jugando sucio!, sin importar la cercanía de ella con un grupo político.
Se jugó sucio también contra la vicepresidenta de la República, maltratándola atrozmente, quebrantando no únicamente su derecho a mantenerse en el cargo, que una jueza digna frenó y cuyo fallo se quiso influenciar a través del propio presidente del Consejo de la Judicatura, sino también el derecho de quienes por ella sufragaron. Y desacata la ley que lo obliga a pedir licencia en la campaña electoral y la ética por aprovecharse del cargo en tal periodo.
Pero el mayor mal se lo causó poniendo a los militares a combatir la delincuencia, infundiendo miedo a la ciudadanía al declarar la existencia de un conflicto armado interno, lo que fue cuestionado no solo por las organizaciones de derechos humanos del país e internacionales, sino por órganos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recordó al Estado los estándares que establecen en la región que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados primariamente a la Policía Nacional, pues los militares reciben entrenamiento para “derrotar al enemigo” y no a la protección y control de civiles, habiéndose comprobado tal abuso con las ejecuciones extrajudiciales denunciadas y las desapariciones forzadas, como las de los cuatro niños de Las Malvinas, las que primero el Gobierno negó y frente a la evidencia aceptó. A pesar de la conmoción social que el hecho produjo y otras más en Esmeraldas, Durán y en Guayaquil, unos candidatos presidenciales ofrecen “mano dura” y no falta quien proponga construir más cárceles y... cementerios. (O)
