El Ecuador pasó de ser un país de paz a uno de los más violentos de la región. No solo que se evidencia la violencia armada, sino que desde el 2007 se ha impuesto la violencia política verbal, la polarización, con persecuciones, amenazas y odio que se destilara desde el poder y que prometen algo peor si vuelven a ser gobierno.

No se puede perder la memoria en torno al porqué y cómo se produjeron los hechos ocurridos en este nuevo siglo, que cambiaron la situación y abrieron las puertas a la violencia e inseguridad que se vive y con cinismo hoy se lavan las manos pese a las evidencias.

Con todos sus problemas internos, el Ecuador había sido calificado como una isla de paz, en medio de la violencia en Colombia, con grupos armados desde hace más de 60 años, y Perú con el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

En la década del gobierno 2007-2017 se agudizó el problema. Los hechos reflejan esto. El 1 de marzo de 2008 se produjo la incursión de las FF. AA. colombianas a territorio ecuatoriano, en una violación a la soberanía e integridad territorial, pero que explicaba la permisividad del Gobierno a la presencia de guerrilleros de las FARC en campamentos en la selva amazónica. Esto fue corroborado documentadamente por la Comisión de Transparencia y Verdad, encabezada por Francisco Huerta, que advirtiera que de no tomarse con firmeza los correctivos a tiempo, el Ecuador corría el riesgo de transformarse en un narcoestado.

La Comisión determinó la estrecha relación del crimen organizado con la narcopolítica, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, la violencia social común y el narcotráfico, vinculados a personajes que fueran altos funcionarios en ese régimen y planteaba que era el momento para actuar en todos los sectores de la sociedad y a nivel de gobierno, no con paliativos sino con cirugías profundas que extirpen el mal. Se señaló la entrega de dinero de la guerrilla para su campaña presidencial en el 2006. Se recomendó la regulación en la libre movilidad de las personas debido a las facilidades que dieron.

Todo esto no sirvió de nada. Al contrario, se facilitó con la ciudadanía universal el ingreso indiscriminado y sin controles de gente con malos antecedentes. Se puso fin al convenio con EE. UU. (1999-2009) con presencia militar en la Base de Manta, que había contribuido en la detección y combate al narcotráfico y para ubicar campamentos de guerrilleros, que indignó a las autoridades de entonces que luego celebraron la salida de los gringos. Persiguieron y enjuiciaron a militares y policías.

No contentos con eso, lograron incluir en la Constitución, aprobada en el 2008 (art. 5), que no se permitirá el establecimiento de bases ni de instalaciones militares extranjeras. Como si Ecuador fuera tan fuerte y poderoso para defenderse solo, sin ayuda externa, en un problema transnacional, que ni Colombia ni México han podido superar.

Hoy, abocados por las circunstancias, los candidatos presidenciales por lo menos debieran ponerse de acuerdo para combatir la violencia e inseguridad y comprometerse a la unidad nacional a fin de enfrentar este mal que afecta a todos. (O)