La pandemia COVID-19 fue un evento excepcional a nivel mundial que requirió la adopción de medidas de carácter excepcional, a saber: preservar la vida de las personas y con ella de la economía; defender la liquidez y medios de pago de las empresas, hogares, ciudadanos e instituciones financieras (IFI), para evitar que se rompa la cadena de pagos, precautelando que las complicaciones de liquidez no se transformen en problemas de solvencia; implementar programas estabilización que generen crecimiento económico.
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En Ecuador, en marzo 16 de 2020, se declaró el estado de excepción por calamidad pública, con la finalidad de mantener una cuarentena comunitaria, en confinamiento y limitando la libertad de tránsito. Frente a lo anterior, en términos económicos y financieros, las autoridades de ese entonces tomaron decisiones de política extraordinarias y temporales, en resumen: diferimiento voluntario de las obligaciones crediticias a los clientes de las IFI, beneficiando a las mipymes, empresarios y hogares; reducción en 3 % de los recursos que aportan las IFI al Fondo de Liquidez, con el fin de que tengan recursos para impulsar el crédito; supervisión proactiva a las IFI, pues captan recursos de los depositantes.
La crisis actual de inseguridad más los apagones ya han provocado drástica reducción de la producción en todos los sectores, iliquidez y desaprovechamiento de oportunidades de crecimiento; incremento de costos operativos para invertir en equipos de energía y sistemas de seguridad, reduciendo la rentabilidad; y, aumento de la desconfianza de los inversores, provocando una caída en la inversión extranjera. Los hechos citados han impactado negativamente en el producto interno bruto, el empleo formal y nuevas contrataciones, pues las empresas enfrentan menor producción y ventas, más inseguridad y mayores costos; crece el trabajo informal lo que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores. En este escenario se han disminuido los ingresos de las personas, hogares y empresas, generando, en varios, incumplimiento con sus obligaciones crediticias, elevando la morosidad en las IFI, quienes estarían limitando el créditos con políticas más conservadoras.
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Sabiendo que la crisis del COVID-19 y la actual de apagones e inseguridad tienen diferentes orígenes y duraciones, pero con similares consecuencias, las lecciones que hemos aprendido del pasado nos llevan a considerar que los programas de estabilización deben retomar los aspectos positivos y ser mejorados, esto es, crear un “fondo de apoyo a mipymes, cadenas de valor y empleo”, con recursos financieros de los organismos internacionales, lo suficientemente amplios como para apoyar el crecimiento económico vía préstamos y garantías, evitando la ruptura de la cadena de pagos; apoyar la eficiencia de las IFI, promoviendo “tasas de interés de inclusión financiera”, para que estas brinden productos y servicios financieros adecuados a las necesidades de la población vulnerable y excluida (que debe recibir subsidios), a precios asequibles, a través de canales de distribución confiables y disponibles. Lo anterior contribuirá a preservar el empleo y mantener niveles positivos en el crecimiento de la economía. (O)
