El pasado domingo, el soberano dijo “no” a una nueva asamblea constituyente, convocada por el primer mandatario, que de lo poco que se conocía podría plantear cambios en la seguridad social, dar alternativas para luchar contra la criminalidad, revisar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, entre bastidores se mencionaban distintas reformas para rediseñar la estructura jurídica e institucional del Estado, así como temas del mercado laboral.
Más allá de los resultados, el Ecuador debe apuntalar su crecimiento y desarrollo económicos en beneficio de los más pobres, avanzando con reformas estructurales, varias veces mencionadas en esta columna: (I) Cumplimiento de reglas fiscales, maximización del ahorro en prevención de shocks y racionalización de la focalización de subsidios; (II) Mejorar la competitividad promoviendo la innovación, fortaleciendo la infraestructura, simplificando trámites y con estabilidad jurídica para atraer IED; (III) Robustecer el sistema de pensiones para solventar, al menos, la brecha intergeneracional y la deuda del Estado; (IV) Modernizar el mercado laboral para incluir en el sector formal a los trabajadores informales.
Sobre el mercado laboral hay varios análisis desde la academia y la prensa especializada. Según la Encuesta Enemdu, a septiembre 2025, del total de la PEA, las personas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo “empleo adecuado” representan el 37,0 %, en tanto que los “subempleados”, “empleo no pleno”, “empleados no remunerados” y “desempleados” llegaron al 63 %.
Urge llegar a acuerdos sólidos para mejorar las condiciones de ese 63 % que generalmente ni siquiera se encuentra representado en los sindicatos, y alcanzar un empleo que le permita satisfacer adecuadamente las condiciones de salud, educación, vivienda y jubilación de ellos y su familia; más aún, frente a la inteligencia artificial y robótica que amenazan con sustituir puestos de trabajo no adaptados a las nuevas coyunturas.
Para ello, la política pública deberá implementar medidas: (I) Fortalecer las competencias tecnológicas y desarrollo de habilidades relacionadas con pensamiento creativo, crítico, resiliencia y flexibilidad, adaptándose a nuevas situaciones y la comprensión de conceptos complejos, para así lograr insertarse en empleos de calidad; (II) Política y normativa salarial menos rígida y más inclusiva (salario mínimo, costos de despidos); (III) Política “integral” en el territorio que desarrolle (academia, asociaciones, etc.) y promueva la actividad de las mipymes –que en el país y la región son fuertes generadoras de empleo informal–; para dar sostenibilidad al ecosistema empresarial, apoyando emprendimientos innovativos y transformadores, eliminando barreras que entorpecen su desarrollo, acompañando a las mipymes en la adopción de tecnología, finanzas, buena gestión interna, robustecimiento de su capital humano, integración en cadenas de valor globales, acceso a productos y servicios financieros (ahorro, seguros, créditos, mecanismos transaccionales) –provistos por proveedores independientes (no sector público, no intermediarios financieros) por temas de eficiencia y conflicto de intereses–. (O)
