No tengo el gusto de conocer a Arduino Tomasi, quien ha publicado una polémica explicación de las cifras sobre delitos en Ecuador y encuentra que desde 2009, justo el año del desmantelamiento de la base norteamericana en Manta, comenzaron a darse tres trágicos fenómenos: aumento de los homicidios “de intención indeterminada”; caída de las incautaciones de cocaína y crecimiento del tráfico de menores. Con prudencia epistemológica, Tomasi ensaya la hipótesis de que estas tendencias tengan origen en un incremento de las actividades del crimen organizado y una posible “permisividad” del Gobierno de entonces. Tal conjetura coincide con sospechas que tenía parte de la población de que algo turbio subyacía bajo la supuesta paz de la década perdida.
No nos olvidamos de los videos en que el Mono Jojoy, uno de los capos de las FARC, informaba a un grupo de guerrilleros que su organización había contribuido, con centenares de miles de dólares, al triunfo de la Revolución Ciudadana. Esta gravísima prueba, cuya autenticidad no se ha rebatido, fue desechada por los jueces de la época. Después, el bombardeo efectuado por la aviación militar colombiana, en la zona de Angostura, permitió conocer que se había tolerado que las FARC montaran, en territorio ecuatoriano, un campamento, que incluía construcciones de hormigón. Las aeronaves atacantes no pudieron ser detectadas, porque los radares chinos encargados del monitoreo aéreo estaban apagados. Esa agrupación subversiva funcionaba como un poderoso cartel de narcotráfico.
Por eso, los datos presentados por Tomasi, que registran el aumento de los homicidios de “intención indeterminada”, pueden interpretarse como un intento de disfrazar estadísticamente crímenes cometidos con muy determinadas intenciones. Y eso es lo que surge de otra característica que encuentra el analista. En su mayoría, estos hechos delictuosos se dieron en las mismas zonas y provincias que son ahora arrasadas por la narcoviolencia. La famosa paz no fue sino un artilugio estadístico. El autor de este informe insiste en que su trabajo es preliminar, pero a cualquier persona normal le resulta extraño que justamente cuando se incrementó la persecución al narcotráfico y se multiplicaron las grandes incautaciones de droga, se haya desatado la actual ola de violencia delincuencial. Notemos que, si bien hay muchos ataques a funcionarios, el grueso de muertes se produce en choques entre bandas de sicarios. Se ha sostenido que esto se debe a que antes el control de la actividad del narco era monopolizado por un solo grupo, mientras que la actual avalancha de crímenes se da porque otras pandillas han desafiado esa supremacía. Las preguntas que saltan son, ¿era tolerada esa hegemonía por el Gobierno de la década perdida? ¿Y no será que las más de 7.000 muertes con “intención indeterminada” señaladas por Tomasi se produjeron con la intención determinada de mantener esa supremacía? De todas maneras, ya las altas autoridades del Gobierno se alertaron por esta anómala situación y han iniciado investigaciones para establecer la verdad del asunto. Aún hay mucha tela que cortar, las tijeras están en manos de las autoridades. (O)
