Promediando la primera quincena de diciembre, los apagones que llevan tres meses se reducen. Las lluvias en la cordillera oriental recuperan los embalses de las hidroeléctricas y los cortes son menos molestosos. No es seguro aún si para las festividades de Navidad la situación será normal.
El primer bloque de contrataciones emergente de 341 MW avanza con atrasos en los plazos de entrega. Los 150 MW de la empresa Progen, 100 en el Salitral y 50 en Quevedo, tal parece proyectan una nueva demora en su puesta en funcionamiento en diciembre y sucedería lo propio con los 91 MW de la corporación Austral para la central termoeléctrica Esmeraldas III, cuyas unidades de generación deben embarcarse en la remota Beirut. Inevitablemente, será motivo de disputa la aplicación de multas previstas en los contratos respectivos por parte del Ministerio de Energía y Minas. Después de todo, los plazos de entrega y operación de las unidades es un factor crítico de las licitaciones convocadas, donde hubo otros participantes que propusieron plazos más realistas.
La memoria colectiva tiende a olvidar, pero, cuando se produjo la transición política el 23 de noviembre de 2023, Ecuador ya afrontaba una emergencia de apagones. En este contexto, 48 horas antes de su relevo el Gobierno saliente suscribió ocho concesiones, previamente licitadas, de energías renovables no convencionales, ERNC, por 500 MW, a los que añadieron dos de 310 MW, El Aromo y Villonaco III, que, adjudicados en 2020, se firmaron durante el primer semestre del mismo año. Se espera finiquitar la puesta en marcha de este último hasta el 17 de diciembre, luego de lo cual se produciría un efecto de cascada con los demás.
Dentro de este paquete final, se incluyó el título habilitante de la empresa Energyquil de 192 MW termoeléctricos que se preveía entrarían en operación el primer trimestre de 2024; pero no lo pudo ejecutar porque no tenía los contratos suscritos con las empresas de distribución eléctrica que es el único medio de garantía de pago y de bancarización de un proyecto de $ 120 millones, con inversión exclusivamente privada sin riesgo para el Estado. Recientemente logró superar este obstáculo, pero al tiempo la Arconel revocó dicho título por no haber cumplido con el plazo estipulado.
El Gobierno ha tenido que invertir $ 820 millones para enfrentar la crisis energética, provocando un grave estrés en las finanzas públicas. Todo ese dinero destinado a la generación de electricidad, contratada o alquilada, se traducirá en subsidios adicionales debido a que el régimen tarifario vigente no considera costos reales.
La única solución es abrir progresivamente el monopolio estatal a la libre competencia, donde actores privados puedan participar en el mercado, sin tantas cortapisas regulatorias y burocráticas. Por dar una indicación, actualmente hay más de cinco millones de usuarios “regulados” en las categorías industrial, comercial y residencial, y apenas 286 “no regulados”, grandes consumidores que se benefician de la modalidad de autogeneración, son generadores y consumidores a la vez. Esta libre oferta/demanda es la que tiene que multiplicarse para materializar una política pública de cero apagones. (O)
