A pesar del rígido formato del debate presidencial hubo candidatos que encontraron resquicios para lanzar su oferta de obras. No quiero ni imaginar cómo serán los discursos en cada ciudad que visitan, ofrecerán el oro y el moro: puentes, autopistas, aeropuertos, cárceles, manicomios, letrinas, bordillos y todo sustantivo que conste en el diccionario. Esta manipulación se alimenta de la creencia popular de que apilar ladrillos y abrir zanjas es gobernar; a su vez los políticos alientan esta visión creando un círculo vicioso de distorsiones. Este es un concepto aldeano de la acción política, que impera en todos los estratos. Si no hace obra, entonces, ¿para qué sirve el gobierno? La esencia del Estado se define como la entidad que posee el monopolio de la violencia física. Se supone que los súbditos toleran este acaparamiento de la fuerza coactiva a cambio de ser protegidos de posibles atacantes. Si esto no se consigue tenemos un Estado fallido que no cumple su función esencial. Dicho de otra manera, es una entidad estatal incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Claro, dirán en este punto algunos de los presidenciables, la seguridad es lo más importante. Y giran el baratillo hacia el combate al delito, con soluciones que se engloban con el conjuro mágico “mano dura”. Como se sobrevalora la obra física, también se sobrestima la lucha enérgica, literalmente despiadada, contra el delito. En esta vía un candidato llegó al extremo de acudir vestido “Bukele style”, imitando al mandatario centroamericano que hoy representa el paradigma, el afortunado prototipo, de la doctrina de la “mano dura”. Y se lanza otro baratillo de ofrecimientos, que van desde el endurecimiento de las leyes a la edificación de supercárceles, pasando por la imputabilidad de los párvulos y la militarización total del país. En este rumbo se plantea hasta lo inaceptable, la implantación de la pena de muerte. Otra vez se está manipulando una debilidad del imaginario popular, para el cual el ejercicio del poder debe llegar hasta el abuso para ser tal.

Una visión sana del Estado nos llevaría a establecer que este no puede hacer ningún tipo de obras. No puede arriesgar lo que extrae a los contribuyentes en elefantes blancos o en animalitos de colores. Puede facilitar sin privilegiar a los privados que quieran levantar infraestructuras que solucionen las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo se demostrará que son útiles? Cuando las personas estén dispuestas a pagar el precio justo por el servicio que prestan tales construcciones. Pero ¿no abusarán los constructores elevando injustamente las tarifas o disminuyendo la calidad de la prestación? Esto solo se da cuando se establecen monopolios o cualquier situación de privilegio con la complicidad de las burocracias. No se debe rechazar una propuesta porque nos parece descabellada o porque creemos que no hay fondos estatales para hacerla. Simplemente a cualquier “emprendedor” que asome a proponer un tren playero o una planta de minería urbana para extraer oro de la basura, simplemente se le dirá: “Perfecto, señor, hágalo con su plata”. Ojalá le vaya bien y así ganamos todos. (O)