La situación de violencia e inseguridad del Ecuador se fue deteriorando paulatinamente durante los últimos años hasta llegar a las actuales condiciones de lo que se ha calificado como conflicto armado no internacional, en medio de una guerra contra los grupos delincuenciales organizados, la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilegal y depredadora de minerales y la narcopolítica, que está aliada de estos sectores. La historia de violencia que se profundizó en Colombia en las últimas décadas del siglo pasado se asemeja a lo que vive hoy el país, con algunas diferencias como aquella que en nuestro país no existen cultivos de coca, que sí han crecido en el vecino del norte.
Lamentablemente, se ha llegado a calificar a nuestro territorio como bodega de droga, proveniente no solo de Colombia sino del Perú, principales países productores de la cocaína y que son aprovechados por carteles que están conectados con bandas delincuenciales locales.
La periodista mexicana Anabel Hernández, investigadora con amplia experiencia de estos temas, ha confirmado hace poco que en el caso ecuatoriano se profundizó con la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2007 y que administró el país diez años. Habló de expedientes y de complicidad. Anunció que prepara un nuevo libro, en donde hace una revisión profunda no solo de lo que ocurre en México sino en países de América Latina.
Tiene testimonios importantes e inéditos, según ha dicho, de narcotraficantes mexicanos con quienes ha hablado cara a cara y se ha determinado que en Ecuador y otros países los Gobiernos han sido penetrados y va más allá de una negligencia sino una complicidad. De cómo militares, policías y políticos fueron sobornados para que Ecuador se transforme en una enorme bodega de cocaína, en un principio solo para el cartel de Sinaloa y luego el cartel Jalisco Nueva Generación, que creció y ellos entienden la dinámica estratégica de la ubicación del Ecuador.
No solo hay este testimonio. Existe un informe de 130 páginas de la Comisión de Angostura, que coordinara el reconocido hombre público Francisco Huerta Montalvo, y que investigara los hechos sucedidos el 1 de marzo de 2008 cuando el régimen de Álvaro Uribe bombardeó el campamento donde vivía el segundo hombre de las FARC, Raúl Reyes, que estuvo protegido en nuestro territorio. Por ello Huerta advirtió entonces que si no se actuaba oportunamente se corría el riesgo de ir hacia un narco-Estado. Se hizo lo contrario en ese gobierno. Se debilitó a FF. AA. y Policía y dejaron de funcionar radares.
Estos sucesos facilitaron los hechos, con altos niveles de contaminación en la sociedad y la penetración en instituciones del Estado, con la presunción de un enorme lavado de activos y la inyección de millones de dólares en la política e incluso en campañas electorales, como hoy es materia de investigación penal el caso Caja chica, corroborado por cercanos colaboradores de confianza, hoy en la cárcel. Ahora incluso a punto de establecerse a los responsables intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, quien en vida les señaló como los responsables si algo le pasaba. (O)
