La revista Foreign Affairs publicó recientemente un artículo sobre la hoja de ruta que podría seguir Trump para convertir a los Estados Unidos en una autocracia. Un gobierno que es legítimo en su origen, pero que deviene en una suerte de tiranía gracias a una serie de medidas que oprimen el disenso, concentra poder y socava la democracia, pero guardando la fachada de una república. Los autores van desarrollando muchas de las estrategias que vienen adoptando estos gobiernos. Una de ellas es con respecto a la libertad de expresión. Estos regímenes tienden a asfixiarla mediante ciertas tácticas que no siempre van al extremo de cerrar un medio. Los autores dicen al respecto: “Autócratas elegidos popularmente usan habitualmente leyes de difamación y otras formas de acciones legales para silenciar a sus críticos en los medios”, y agregan como ejemplo lo que sucedió en nuestro país. “En Ecuador en 2011, el presidente Rafael Correa ganó una demanda contra un columnista y tres ejecutivos de un diario líder por publicar un editorial que lo tildaba de dictador”. Para los autores, este tipo de medidas ya ha comenzado a usarlas a Trump, a pesar de que las cortes de ese país muy pocas veces han favorecido a personas públicas cuando plantean estas querellas. Pero vaya, no deja de sorprender. La demanda de Correa convertida en referente de las nuevas tiranías.
Pero más asombroso es que el correísmo quiera reinstalar la ley de comunicación en todo su esplendor. Como se recordará, esta ley prácticamente quedó en desuso luego de haber sido reformada sustancialmente durante la presidencia de Lasso, quien aprobó las reformas en parte y las vetó en otras por inconstitucionales. El haber botado esa ley al “basurero de la historia” fue la culminación de una lucha épica de comunicadores sociales, periodistas, editores, investigadores, diarios, canales, radios y políticos de vocación democrática. Demandas millonarias, querellas penales, manipulación de la publicidad oficial, insultos semanales, juicios amañados con jueces corruptos que firmaban sentencias preparadas por los dizques agraviados, órdenes de prisión, auditorías, allanamientos, es lo que se vivió por más de una década. Y ahora dicen que hay que volver a esa pesadilla. Buscan que regresemos a criminalizar el discurso público. A las demandas de políticos en contra de sus críticos por herir su honor. Algo que inclusive lo han comenzado a hacer arropados en nuevos arsenales que han encontrado contra la libertad de expresión, como es el caso inaudito que atraviesa el periodista Martín Pallares.
Pero esta no es la única obsesión de esta gente. Otra obsesión es la dolarización. Palabras más, palabras menos, lo que buscan es ponerle fin al régimen de dolarización que viene funcionando en el Ecuador por décadas. No hablan de la corrupción, ni de la minería ilegal, ni del despilfarro petrolero, ni de la entrega al narcotráfico, de cómo destruyeron a la juventud promoviendo el consumo de drogas o manipularon a la justicia para perseguir o para encubrir. Ni una palabra al respecto. La dolarización ha sido de las pocas decisiones de Estado que ha funcionado bien en nuestro país por décadas. Y eso es precisamente lo que buscan destruir, por ceguera ideológica, en unos casos, o supina ignorancia, en otros. (O)
