Lo esperamos para el año 2024. Lo actuado por la Fiscalía General del Estado contra el maridaje del “narcopoder” y sectores políticos con control en espacios del poder público ha merecido el reconocimiento ciudadano.
El precedente que establece la fiscal general, Diana Salazar, de no dejarse amilanar ante la insolencia de amenazas de enjuiciamiento en el Ecuador y en el extranjero -y frente a otras maniobras- es de aplaudir.
La compensación de la Asamblea Nacional a favor del “correato”, parece que a manera de “premio consuelo”, fue no rechazar el pedido improcedente del juez Rivera de la Corte Nacional de Justicia, para que la Asamblea Nacional procese autorización para el juzgamiento del exvicepresidente Jorge Glas por ilícitos en el uso de recursos asignados a la reconstrucción de Manabí por el terremoto del 2016, porque la autorización solo se requiere si -al momento del procesamiento penal- el procesado está en el ejercicio del cargo, que es lo que le da ese privilegio, no si ya no está en el cargo, de lo que hay antecedentes en el Ecuador.
No creo que Diana Salazar se allane a la infracción jurídica y ética del juez Rivera ni a las maniobras producidas en la Asamblea Nacional.
Por otro lado, no se transparentan espacios en que es evidente que lo que se declara no es cierto.
Uno es el de declaraciones patrimoniales que por Ley son obligatorias. Días atrás se han publicado las de asambleístas. Salvo excepciones, al leerlas, podría pensarse que hay quienes declaran menos de lo que tienen, y también lo contrario, que hay quienes declaran activos que no pueden justificar. Sería importante que también se declare y deba justificarse bienes que use o de que disponga el declarante y su entorno familiar, aun cuando no aparezcan de propiedad del declarante, especificando que los vincula a tales bienes que les permite usarlos o disponer de aquellos.
Las declaraciones patrimoniales deben conciliarse con la información de ingresos. La verificación de lo que aparece en las declaraciones patrimoniales es esencial.
Las acreencias y los pasivos deben verificarse, aun cuando no puedan pagarse. Hay muchas omisiones por falta de información. En el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y otras entidades, bajo la explicación de problemas de sistemas y procesamiento, en diciembre del 2023, aun no se procesan ni registran obligaciones de junio del 2023.
No tengo por qué dudar que la justificación no sea cierta, pero termina siendo una errada información de saldos.
Y los procesos vía internet conllevan otros engaños. “Ya no hay citas personales, solo informáticas, por plataforma, para que no haya privilegiados”, pero resulta imposible conectarse por internet. Son inadmisibles esos engaños, con tufo de burla.
Al igual que resultan engaños los procesos de contratación pública que no llegan a resultados. Por ejemplo, el de provisión de prótesis en el IESS, meses que amputados y otros que requieren prótesis están en espera.
Coincide, lector, que para todos los que requieran atención, que esta les sea prestada oportuna y eficientemente será el mejor presente. Que se salga de la práctica del puro cuento. (O)
