El pasado 31 de marzo, el juez distrital Edward Chen ordenó temporalmente suspender la orden dictada por el gobierno de Donald Trump de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) de aproximadamente 350.000 venezolanos residiendo en Estados Unidos. De no haberse dictado esta medida cautelar, este 7 de abril todos ellos habrían perdido su estatus legal y habrían sido sujetos a deportación inmediata.
Estos no son inmigrantes ilegales. En Estados Unidos un TPS es concedido a personas extranjeras que han emigrado de sus países huyendo de guerras, desastres naturales, o, como es el caso aquí, de un régimen tiránico como lo es el de Nicolás Maduro. Dicho otramente, todas estas personas ingresaron legalmente al país y pasaron por un proceso establecido para obtener este estatus migratorio. Estas personas tampoco son criminales. En efecto, uno de los requisitos para obtener un TPS es tener y mantener un récord criminal impecable. Más aún, como el juez Chen señaló en su decisión, los venezolanos afectados por esta decisión no eran ningún tipo de lastre para la sociedad estadounidense. Al contrario, citando textualmente:
“Aunque las acciones del Secretario (del Departamento de Seguridad Nacional) parecen estar basadas en estereotipos negativos que lanzan acusaciones generalizadas contra su carácter (insinuando que fueron liberados de prisiones y centros de salud mental en Venezuela y que imponen enormes cargas financieras a las comunidades locales), el expediente indisputado demuestra que los venezolanos beneficiarios del TPS, de hecho, tienen un nivel educativo superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40 % y el 54 % tiene títulos universitarios), presentan altas tasas de participación laboral (entre el 80 % y el 96 %), obtienen casi todos sus ingresos personales por cuenta propia (96 %) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense, además de pagar cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos al seguro social.”
Cualquier persona con el más básico sentido de empatía percibiría lo monstruoso que es arruinarle la vida a 350.000 personas honradas sin razón alguna. Pero como al parecer esto de tener empatía es ahora demasiado woke o progre, entonces hablemos de dinero. Y es que no se necesita tener un título de economía para darse cuenta del tremendo absurdo que es eliminar de la fuerza laboral de tu país a 350.000 personas con un alto nivel de educación que están contribuyendo tanto a tu PIB como a tu caja fiscal. Aunque indudablemente todos los Gobiernos tienen el derecho y el deber de promover políticas que protejan los intereses de sus ciudadanos, aquí ni un solo ciudadano americano se beneficiará con la expulsión de estas 350.000 personas. Más bien todo lo contrario. Es un disparo en el pie, una decisión que es tan estúpida como cruel.
La decisión del juez Chen será sin duda apelada. Al final del día, la última palabra probablemente la tendrá la Corte Suprema de Estados Unidos. En sus manos quedará decidir el destino de estos 350.000 hermanos venezolanos. (O)
