Cada mañana es una carrera contra el tiempo. Y en época escolar, aún más. Nos levantamos temprano para despertar a nuestros hijos, prepararlos, vestirlos, insistir en que se laven los dientes, que se peinen, que desayunen. Salimos casi corriendo de casa para subirnos todos al carro y emprender el viaje hacia escuelas y colegios.
En el trayecto, aprovechamos para conversar, escuchar las historias del día anterior, rezar juntos para que todo salga bien y agradecer por las bendiciones recibidas. A veces mi hija pone música. Mi hijo de 6 años canta feliz. El carro se llena de risas y movimiento. Es un pequeño espacio familiar antes de enfrentar el día.
Pero poco a poco nos vamos adentrando en la realidad: el tráfico caótico de la av. Samborondón. Los pitos, los vehículos que se cruzan, la ansiedad por llegar a tiempo. La calma empieza a desaparecer. Y cuando parece que nada puede empeorar, suena una sirena detrás de nosotros.
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Casi a diario aparece una caravana: tres o cuatro vehículos abriéndose paso entre ciudadanos que madrugan, que trabajan, que tienen obligaciones. Nos obligan a orillarnos. Nos presionan. ¿La razón? Algún funcionario que salió tarde o el hijo de alguna autoridad que debe llegar al colegio. ¿Acaso sus derechos son superiores a los nuestros?
Quienes ejercen cargos públicos no son dueños de la vía. Su función es servir a la ciudadanía, no imponerse sobre ella. Los recursos que financian esas caravanas probablemente vienen de los impuestos que pagamos todos. Este comportamiento no solo genera estrés innecesario; transmite un mensaje peligroso: el de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Las normas de tránsito no deberían volverse invisibles cuando se enciende una sirena. La autoridad no se demuestra desplazando a los demás, sino dando ejemplo. (O)
Sixto Eguiguren Castillo, Samborondón
