La realidad de las cárceles en Ecuador ha dejado de ser una crisis de seguridad para convertirse en una catástrofe humanitaria que el Estado ya no puede ocultar bajo el manto del “control de armas”. Al iniciar 2026, el panorama dentro de los centros de privación de libertad es desolador: el hacinamiento ha vuelto a niveles insostenibles (superando el 36 % nacional) y las enfermedades contagiosas están dictando sentencias de muerte que ninguna ley contempla.
El reciente dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a inicios de este enero es un llamado de atención internacional que no admite excusas. Mientras el discurso oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el Gobierno se centra en la disciplina militar y el orden externo, en los pabellones se libra una batalla silenciosa contra la tuberculosis y la desnutrición crónica. Resulta inaceptable que en un Estado de derecho se reporten internos en estado cadavérico o que fallezcan por patologías prevenibles ante la mirada impasible de la administración.
La seguridad pública no puede ser el pretexto para el abandono de la dignidad humana. Una persona privada de su libertad pierde su derecho a la movilidad, pero no su derecho a la salud, a la alimentación ni a la vida. La militarización de las cárceles, si bien ha contenido la violencia extrema de las bandas, ha generado un efecto colateral perverso: un aislamiento que impide el acceso a brigadas médicas efectivas y un sistema de provisión de alimentos que hoy es cuestionado por su ineficiencia.
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El Estado ecuatoriano, a través del SNAI y el Ministerio de Salud Pública (MSP), debe entender que el hacinamiento no es solo un problema de espacio, sino una incubadora de epidemias. Ignorar la salud de las personas privadas de la libertad (PPL) es, en última instancia, una violación flagrante a los tratados internacionales y a la propia Constitución.
No se puede hablar de éxito en la lucha contra el crimen cuando el sistema penitenciario se ha transformado en un depósito de cuerpos donde el castigo ha mutado de la reclusión al exterminio biológico. La verdadera victoria del Estado será el día en que recupere no solo los muros, sino la humanidad que debe prevalecer dentro de ellos. (O)
Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito
