El buen ejemplo de las autoridades superiores de todos los poderes del Estado y de los denominados Gobiernos autónomos descentralizados –cuyo número y competencias deberían ser revisados– es determinante para el comportamiento de todos sus integrantes. Las autoridades tienen las siguientes responsabilidades básicas para una eficiente, eficaz y transparente gestión: liderar compromisos éticos institucionales; impulsar la planificación en todos los niveles y dar seguimiento sobre su cumplimiento para adoptar acciones correctivas oportunas; privilegiar la honestidad y competencia del personal responsable de proveer servicios públicos con calidad y eficiencia; establecer y actualizar la organización basada en procesos que generen información interna y externa en línea; evaluar los riesgos para establecer controles que los mitiguen, con énfasis en los procesos que utilicen mayor cantidad de recursos o con mayor exposición a errores e irregularidades como la contratación pública, los recursos naturales como las minas y petróleos, los ingresos aduaneros, la gestión del talento humano; transparentar la gestión institucional mediante el libre acceso a la información para que la ciudadanía, principalmente la academia y gremios, ejerzan su obligación y derecho de evaluar la gestión pública en áreas clave como la salud, educación, seguridad, contratación pública, declaraciones patrimoniales; rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales así como de la planificación, considerando que, a mayor grado de autoridad, mayor responsabilidad.
Para cumplir con estas responsabilidades, las autoridades deben tener compromiso ético, capacidad y liderazgo y contar con equipos de trabajo con las mejores competencias; caso contrario, los ciudadanos continuaremos sin conocer con claridad hacia dónde se dirige nuestro país y la corrupción seguirá sin control en el Ecuador. (O)
Mario Andrade Trujillo, Quito
