A propósito del tema de que si el presidente de la República debió o no pedir licencia para poder participar en la campaña electoral, han desfilado por los medios de comunicación decenas de analistas y constitucionalistas opinando según sus criterios de manera diferente; sin embargo, lo que se esconde detrás de este debate es el estado de conmoción que ocasionaría al Estado y a la sociedad ecuatoriana la sucesión transitoria de la señora vicepresidenta en la Presidencia de la República.
En lo político: ¿qué nos depara el 2025?
En efecto, la misma señora vicepresidenta se encargó de sembrar dudas sobre su posible gestión cuando expresó que, al asumir como presidenta de la República, revisaría la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Correa, sentenciado y prófugo de la justicia ecuatoriana; además de reestructurar o cambiar al gabinete ministerial del presidente titular de la República del Ecuador, entre otros temas.
Debemos entender que lo descrito anteriormente no se lo consiguió de la noche a la mañana, para poder judicializar algunos de los delitos que se produjeron durante el gobierno del movimiento Alianza País, ahora denominado Revolución Ciudadana, debieron transcurrir algunos años de investigación periodística, ciudadana y judicial; asimismo, sufrir persecuciones, violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, que les costó mucho sacrificio, sudor y lágrimas a los protagonistas y forjadores de estos hallazgos de corrupción e impunidad.
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En lo económico: ¿qué nos depara el 2025?
Se colige entonces que, por una confusión en la aplicación de las normas constitucionales, el pueblo ecuatoriano no debería ser víctima de los desatinos y ambiciones particulares que el sistema confundido nos quiera sugerir para lograr ganancia de pescadores en río revuelto. (O)
Víctor Gavilánez Castro, economista, Guayaquil
