El pueblo ecuatoriano eligió en el año 2021 presidente por un periodo de cuatro años de funciones, para bien o para mal, y se debe respetar la decisión, guste o no nos guste. Sin embargo, hoy más que en cualquier otro tiempo se han levantado ciertos jueces y políticos cuya misión dentro de sus ámbitos debería ser impulsar el buen vivir dentro de una sociedad, pero estos hacen lo que no les permite la ley solo por el hecho de haberse unido a una ‘mayoría’que busca crear caos en el país.
Financiados por algunos políticos sentenciados y por unas ONG internacionales de las cuales hacen sus fuentes de ingresos, intranquilizan al pueblo amador de la paz.
Estamos cansados de que la inseguridad nos esté robando, además de los recursos del Estado, la paz. ¿Qué está esperando el Gobierno para sujetarse los pantalones, empezar a denunciar a individuos y organizaciones que dicen ‘representar’ al pueblo, ‘defenderlo’, y ordenar a la Superintendencia de Bancos cerrar cuentas donde estas organizaciones depositan recursos a dichos malos elementos?
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Ya es hora de que se empiece a poner manos firmes, ordenar que todo lo incautado a mafias sea destinado a la construcción de una cárcel de máxima seguridad como la que se ha hecho en El Salvador, y poner a trabajar en la limpieza, la construcción de las carreteras, etc., a aquellos que cometen delitos para que devenguen todo lo que le han sacado al Estado, dineros del pueblo que paga impuestos.
El COIP (Código Orgánico Integral Penal) no puede seguirse usando de la manera como hasta hoy está protegiendo a la delincuencia y a una política que tienen detestable proceder (sobreprecios, robos de recursos de los ecuatorianos...). Cómo puede ser posible que se hagan cosas que no están contempladas en ninguna normativa, y sigan tan campantes cuando deben de ser destituidos y demandados por el Estado. (O)
Francisco René Alcívar Villegas, contador, Daule
