El Gobierno anunció el 3 de agosto que había obtenido el consentimiento del 97,85 % de los tenedores de bonos en favor del canje. Se amplió el plazo hasta el 7 de agosto para que pudiesen sumarse aquellos que no hubiesen votado.

Es una excelente noticia para el Ecuador; cabe felicitar al ministro Richard Martínez y sus asesores.

Mediante el acuerdo, se canjeará la serie de 10 bonos (que vencían entre 2022 y 2030) por tres nuevos bonos, que vencen en 2030, 2035 y 2040.

Habrá una reducción del monto del capital adeudado en $1540 millones (9 %), pero se estima que el arreglo permitirá reducir el valor presente neto (VPN) en 41,7 % (con una tasa de descuento del 10 % anual). Este ahorro se produce por la reducción de las tasas de interés de un promedio de 9,2 % a 5,3 % anual, a lo cual se suma la reducción del principal; y la extensión de plazos (de un promedio de 6,1 años a 12,7 años).

La tasa de descuento es el costo de oportunidad del dinero; algunos analistas prefieren usar una tasa más alta (12 %), aunque el Banco Mundial usa el 5 %. Otra forma de verlo es que si la tasa de interés es mayor a la tasa de crecimiento (nominal) del PIB, la deuda se vuelve cada vez más insostenible.

Dos fondos de inversión, GMO y Contrarian, interpusieron una demanda en una corte de Nueva York, argumentando que la propuesta del Gobierno era coercitiva. Formaban parte de un comité que representaba el 25 % de los bonos, el cual presentó una propuesta menos ventajosa para el Ecuador. Pero luego de que la jueza desestimase la demanda y no diera paso a una “medida cautelar” para frenar el voto, los dos fondos aceptaron la oferta del Ecuador.

Todo esto se producía en medio del enfrentamiento entre el Gobierno de Argentina y sus tenedores de bonos. El Gobierno ofrecía una reducción del 47 % en VPN, y los tenedores proponían una reducción del 44 %. El 4 de agosto se anunció un acuerdo para una reducción del 45,2 %.

El menor descuento en el caso del Ecuador podría atribuirse a que el FMI no ha considerado insostenible la deuda externa, a diferencia de Argentina.

La reestructuración de los bonos no implica la entrada de nuevos ingresos al país. Sí reduce la carga del servicio de la deuda, en $1361 millones en 2020, y $10 000 millones hasta 2025.

Pero no contribuye de otra manera a reducir el déficit fiscal ni a cerrar la brecha de financiamiento, estimada en $4000 millones. Para ello se está negociando un nuevo programa con el FMI, sujeto a una mayor reducción del déficit y reformas estructurales.

Se ha vuelto a anunciar nuevos préstamos chinos por $2400 millones; y el ministro anunció que se diferirá un año la amortización de $417 millones. Es decir, en el caso de la deuda con China, no se espera una reducción del principal ni de la tasa de interés de los préstamos vigentes, aunque sí que la tasa de interés de nuevos préstamos sea menor. El G-7 ha instado a China a sumarse a los esfuerzos de alivio de la deuda en el marco del Club de París (al cual no pertenece China).

Sería lamentable que el próximo gobierno vuelva a endeudar al país como lo hicieron los gobiernos de Correa y Moreno. (O)