Excelente que el Gobierno haya puesto en liquidación ocho empresas públicas ineficientes. La medida da una vuelta de 360 grados a dichas empresas, si se fundaron debió ser porque eran necesarias, fueron sus administraciones las que produjeron los deterioros.
En administración lo más riesgoso es lo que administra el Estado, de tal suerte que estas empresas administradas por profesionales tendrían otra fisonomía económica. Frente a este nuevo panorama que es un desafío tiene que haber una política constructiva. Defiendo el sistema ferroviario por las siguientes razones: a) tiene potencial económico inmenso, movilizar la riqueza nacional que en la actualidad no se usa, y el turismo; b) estando el país en grave crisis económica no debe extinguirse un medio que tiene las expectativas antes indicadas, no es fácil encontrar nuevas fuentes de riqueza (en Perú con la línea férrea Cuzco–Machu Picchu, tienen una mina de oro). A los productos que exportamos no les podemos poner precios, estos están sujetos a la voluntad de los compradores, al mercado internacional, es permanentemente muy competitivo, el turismo se lo transa en el sitio; c) se dice que el sistema acarrea pérdidas por $144 000 000 desde diciembre del 2012 hasta mayo del 2020, esto es una pérdida anual promedio de $1 600 000, que son las consecuencias de una deficiente administración producida fundamentalmente por limitaciones económicas y operativas (el sistema está dedicado al turismo y no a la transportación de la riqueza nacional), y las impuestas al sistema que contando con 500 kilómetros de extensión, solo se ha financiado, recibe dinero, operado con un maravilloso paseo entre Alausí y la Nariz del Diablo, corta extensión de 15 kilómetros; d) en el mismo periodo el sistema registra un total de $300 000 000 en recursos recibidos del Estado, más sus bienes están valuados en $373000 000 y tiene bajas deudas (se podría pensar en una equiparación); e) un sistema que vale tanto dinero si se somete a liquidación hasta el final, supone la venta de todos sus activos, estos serán comprados por otros países, probablemente Perú, el transporte grabará costos, de tal suerte que de los valores indicados ($373 000 000 no recuperaremos sino entre el 10 % y 15%; esto sería un pésimo negocio; f) el Gobierno debe nombrar una comisión de alto nivel, conocedora del sistema, que se encargue de convocar a empresas interesadas en tomar el ferrocarril, negociar con estos y devolverle al país este servicio tan necesario. (O)
Rafael Mendoza Avilés, abogado, avenida Samborondón