El movimiento Alianza PAIS es la organización política con mayor tiempo en Carondelet, cobijó al gobierno de Correa que fue el de mayor duración en la historia republicana del Ecuador y también uno de los regímenes que más recursos económicos manejó. Según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, entre el 2007 y el 2015, el Fisco ecuatoriano tuvo ingresos por $231 669 millones. En ese periodo, la mayoría de los actos de corrupción tuvieron como sector principal lo relacionado a venta de petróleo, construcción de megaobras, hidroeléctricas, etc. La Comisión Nacional Anticorrupción estima que en el régimen correísta se llevaron 10 millones de dólares diarios. En el 2017 un informe de Transparencia Internacional ubicó al Ecuador en el tercer lugar de los países más corruptos de Latinoamérica.
Al llegar Moreno a la presidencia, también cobijado por la bandera de Alianza PAIS, se ofreció una cirugía mayor frente a la corrupción, que no llegó; varios analistas hablan del fortalecimiento de una red de corrupción que surgió desde las entrañas de Alianza PAIS y que se constituyó en una maquinaria de corrupción que se sigue desarrollando a la sombra del Estado, pues la corrupción puede ser entendida como una desviación de las obligaciones de los funcionarios públicos debido a intereses personales o beneficios monetarios. La corrupción también está ligada al crimen organizado, que basa la motivación de su estructura en la obtención de beneficios para sus miembros, de tal manera que detrás de cada operación llevada a cabo por el grupo hay una premeditación y una planeación, como se ve en los últimos casos de conocimiento público en hospitales, ministerios, gobiernos locales, y que permiten colegir que existe, incluso, una suerte de división del trabajo entre varios grupos mafiosos, que aprovechando su influencia y acuerdos se dividieron áreas para el negocio.
Es innegable que en el Ecuador se sigue robando mediante sobreprecios, coimas y que la corrupción tiene un peso moral, pero sobre todo un peso material, que de alguna forma se lo puede cuantificar económicamente. Recordemos los 14 millones de dólares que por conceptos de coimas habría cobrado Glas y su tío de parte de Odebrecht, esos 14 millones significaron el presupuesto económico de un año (2016) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el mismo año del terremoto.
Y es esa la realidad, robaron antes y después del terremoto y lo siguen haciendo en plena pandemia; las últimas denuncias frente a funcionarios de Estado o empresarios vinculados al correísmo, Alianza PAIS o a sectores del Gobierno, demuestran lo podrido que están varias instituciones y movimientos políticos, mientras la gente padece en hospitales por escasez de insumos médicos y medicinas o cientos de niños han dejado de estudiar por falta de conectividad, y el Gobierno se limita a decir que “no hay recursos”.
Investigar, pero sobre todo sancionar, y recuperar lo robado es la exigencia inmediata que tienen los ecuatorianos, más aún cuando nuestras vidas están en peligro por el COVID-19 y la corrupción. (O)
Nuestro invitado.