En el ámbito de las empresas públicas y su funcionamiento debe existir un marco regulatorio claramente definido de lo que pueden o no ejecutar las empresas y funcionarios del sector público. Recuerdo varias observaciones realizadas por organismos de control en el pasado ante el uso y abuso de la discrecionalidad, que bien aplicada o no puede dar lugar a graves problemas –inclusive de orden penal– si se involucran dineros del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. La determinación de un posible dolo es originado por la intencionalidad que tuvo cierto funcionario, mala fe que puede tener obstáculos a la hora de probar tales incorrecciones. En este marco, juega papel importante la discrecionalidad que maneja el servidor público. Si este factor origina el cobro diferenciado por un mismo servicio a unos en perjuicio de otros, podría entenderse o sospechar la existencia de dolo dando lugar a reclamos justos por los supuestos afectados, evidenciándose una actitud discriminatoria.
Algunas empresas estatales disfrutan ciertas canonjías que no tienen otras, de una libertad de acción y decisión, sin procesos debidamente reglamentados. He escrito en varias ocasiones sobre el manejo de la EP Flopec. En una de ellas requerí las razones por las cuales los dineros que ingresaban a esta estatal naviera debían ser depositados en cuentas que mantienen en paraísos fiscales en el exterior. Recientemente un representante de una compañía privada solicitó que alguna autoridad nacional avalúe este comportamiento, porque le parecía extraño que en una empresa estatal ecuatoriana, donde se prohíbe a funcionarios estatales o de elección popular que mantengan cuentas o inversiones en paraísos fiscales, suceda esta situación anormal. La respuesta oficial fue que deposite en una cuenta del Banco Central del Ecuador en territorio nacional. ¿Por qué se esperó que una empresa foránea cuestione ese procedimiento? ¿Por qué se preferían pagos en paraísos fiscales? ¿Por qué ningún organismo de control u otra autoridad indagó al respecto? Sobre este caso en particular tengo amplia información probada y comprobada. Y las preguntas de rigor son ¿quién autorizó que los dineros de EP Flopec se depositen en paraísos fiscales? ¿Fue el directorio o el anterior ministro del ramo? ¿El gerente de EP Flopec fue quien autorizó que se formen empresas de derecho privado en paraísos fiscales con fondos públicos? ¿Qué pasó con esas empresas? ¿Ya nadie se acuerda de Piscis Oil Shipping con capital de USD 1000, cuyo presidente y representante legal fue gerente de EP Flopec? ¿Qué hizo con esas empresas el actual gerente Fernando Larrea, que llegó en calidad de asesor comercial del exgerente Danilo Moreno, luego de prepararse en las oficinas de una naviera chilena que mantiene contratos con EP Flopec, donde se rumora que regresaría ante la inminente salida de la estatal en pocos días? Ojalá este funcionario aclare que se trata de un rumor infundado ya que se evidenciaría un posible conflicto de intereses. ¿Qué hizo Larrea con los barcos que tienen un tratamiento especial por ser propiedad de EP Flopec, pero en realidad la estatal es socio minoritario ya que una empresa de origen griego es la propietaria de más del 51 % de dichos barcos? Realmente la beneficiaria mayoritaria de los negocios de EP Flopec es una empresa privada internacional. Cosa de no creer. (O)
