Después de que durante varios años Ecuador fue saqueado mediante contrataciones sin previo estudio y concurso de precios de obras y servicios, será inexcusable que la Presidencia de la República, prefecturas y municipios sigan haciendo lo mismo: despilfarrando los dineros públicos. Será un desafío temerario en esta circunstancia de quiebra nacional y de endeudamiento mayor al 50%, de parálisis económica y espantosa desocupación de millones de ciudadanos, inseguridad judicial y personal, desconfianza en el proceso electoral, incertidumbre en el futuro de la Nación.

De acuerdo en la asociación entre el Estado y los empresarios privados se creó hace décadas, y no se usó plenamente, la fórmula eficaz de la compañía de economía mixta en la que el Estado podía ser accionista regulando su porcentaje accionario según el objetivo. Luego se optó por fingir estados de emergencia para contratar “a dedo” y adjudicar por entero las utilidades al empresario, y asegurarse así sobornos y sobreprecios. Después, para abusar con manos libres y febriles, se derogó la ley que exigía informe previo de la Contraloría para los contratos públicos. Finalmente, el 18 de diciembre de 2015 se publicó la Ley para incentivar las asociaciones público-privada y la inversión extranjera, que no es suficientemente terminante.

De paso, satisface que el gobierno haya desistido de su disposición a concesionar los servicios de Celec, CNT y Cnel  que, en conjunto,  y sin aporte privado produjeron  casi  291  millones el último año; empresas que registran exceso de personal. Pero, respecto de la  nueva refinería preocupan estas declaraciones ministeriales: “ no ha habido interés de inversionistas... y por eso se trabaja con el Ministerio de Comercio Exterior para buscar interesados…”.

La nueva Ley prescribe: “art. 12. De la Selección del Gestor Privado. La selección del gestor privado se efectuará mediante concurso público”. Según el Diccionario, es “concurso”: la competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones a fin de elegir la propuesta que ofrezca mejores ventajas”. Y “público” significa: “De todos o para todos”. En consecuencia, la autoridad solo puede conocer a los gestores privados mediante el concurso. Es ilícito que la autoridad los busque, e inmoral que viaje a otro país a contactarlos, o que invite en reserva a quienes suponga interesados, porque entonces no hay concurso de todos los que pueden concursar, impera la intención dolosa de contratar solo a los previamente seleccionados por la autoridad burlándose de la letra de la ley. La única forma lícita de cumplir con la ley es, al contrario, no dirigirse a ninguna empresa en particular y convocar a todas las empresas que en el mundo puedan tener interés en financiar, construir una obra o prestar un servicio, y este objetivo solo se logra mediante convocatoria pública por medio de los principales diarios de Estados Unidos y Europa Occidental, principalmente.

Quien siembra vientos, cosecha tempestades.