En la sesión de apertura de la Asamblea del BID, el presidente saliente, el ministro argentino, destacó el enorme esfuerzo fiscal que hace el gobierno de Macri para mejorar las finanzas públicas en cinco puntos del PIB, lo que él calificó como algo sin precedentes.

El presidente entrante, Richard Martínez, no se refirió a este punto, pero el Gobierno nacional también está comprometido a mejorar las finanzas en cinco puntos del PIB en tres años, lo que en el caso ecuatoriano vienen a ser USD5.400 millones.

Dentro de los múltiples eventos académicos que se organizaron alrededor de la Asamblea del BID, estuvo uno de la Espol, Foro sobre el Pacto Fiscal, presidido por el ministro de Economía, y en el cual se me pidió una breve intervención.

No es la primera vez que me toca participar en un pacto fiscal. A principios de siglo hubo un importante evento en Cusín, Imbabura, en que se acordó un sacrificio de los contribuyentes elevando el IVA del 10% al 12%. Pero a poco, nuevamente tuvimos problemas fiscales. El problema es la tendencia del sector público a la obesidad.

El objetivo es mejorar las finanzas en USD5.400 millones; veamos qué causó el problema. Comparemos la situación del 2018 con 2006, último año sin Rafael Correa. Entonces, el rol de pagos de todo el sector público (incluyendo gobiernos locales), era de USD3.000 millones. Si hubiera crecido al mismo ritmo que la economía, debía haber alcanzado USD7.500 millones en 2018. Pero no, fue USD10.600 millones, o sea se gastaron USD3.000 millones de más.

Para funcionar, la administración pública requiere comprar suministros. Compró USD1.500 millones en 2006 y USD6.200 millones en 2018: según el mismo cálculo anterior, gastó USD2.600 millones de más.

Sumemos USD2.600 y USD3.000 y tenemos USD5.600 millones. Si el correato no hubiera aumentado el gasto descontroladamente, no habría problema fiscal.

¿Cómo debe resolverse el problema? Regresando al Estado a la relación gasto corriente/PIB que tuvo en 2006. Adelgazar al Gobierno, puesto que no estamos hablando de un gasto que redunda en mejor servicio a los ecuatorianos, sino en más papeleo, para justificar los cargos innecesarios que se crearon.

Pero eso no es lo que se propone. El acuerdo con el FMI prevé bajar el rol de pagos en USD600 millones este año, pero ya se redujo la meta a solo USD250 millones. Las compras bajarían USD900 millones. Pero entre una cosa solo bajarán unos USD1.400 millones en conjunto cuando debería ser USD5.400 millones. El resto tenemos que pagarlo los ecuatorianos, bien sea mediante impuestos, precios más altos para los combustibles o por falta de obra pública. No hay garantía alguna de que el próximo gobierno o el que venga después no siga engordando al Estado y nos pase una nueva factura.

Lo equitativo es que se adelgace el Estado. Es difícil, pero necesario. En ese caso, un alza de los combustibles generaría ingresos para ahorrar, invertir en obra pública, o reducir deuda, pero no en premiar a seguidores políticos con alguna bien pagada sinecura.

El alza del diésel, cuyo subsidio es el que más pesa, es posible si se compensa adecuadamente a los transportistas. Pero eso queda para una próxima entrega.

(O)