En la República del Ecuador, los derechos de los ladrones son celosamente protegidos, mejor que los derechos de sus víctimas. Eso lo descubrió hace varias semanas Miguel, cuando una noche fue a visitar a sus familiares manejando una de sus posesiones más preciadas: una camioneta Fargo del 60 “de afición”, clásica y finamente restaurada. Mientras departía con los anfitriones, escucharon unos ruidos afuera y descubrieron que un ladrón abrió la camioneta e intentaba encenderla. Inmediatamente salieron, y sin pensarlo dos veces Miguel se colgó de la ventana del conductor y empezó a forcejear con el ladrón cuando este arrancó. Manejando, el ladrón se subió a la vereda e intentó aplastar a Miguel contra el muro antes de estrellarse contra otro vehículo estacionado. Los parientes y vecinos detuvieron al ladrón.

Cuando la policía llegó, los oficiales bien enterados de la ley y los derechos informaron a los afectados que no podían detener al ladrón porque el robo no se había consumado, y tampoco por intento de homicidio porque no había pruebas ni flagrancia. A lo sumo podían llevárselo por unas horas para verificar si tenía antecedentes. Cuando los familiares quisieron fotografiarlo para difundir su imagen en redes sociales y alertar al público, los oficiales “afortunadamente” se lo impidieron advirtiendo que con posterioridad el ladrón podría demandarlos por difamación. Los oficiales, bien instruidos en el derecho, informaron a las víctimas que podían denunciar al ladrón por “tentativa” y prepararse para un juicio que duraría algunos meses. Después, Miguel supo que el ladrón salió libre y que no tenía derecho a obtener su nombre ni señas particulares. Quizás la próxima vez el anónimo, conocedor y derechohabiente ladrón pueda llevarse un Escarabajo del 59, un Mustang del 65, o por lo menos un Wantang del año.

Aparentemente, el Ecuador está a la cabeza del planeta en el respeto a los derechos de las personas acusadas de un delito, practicando aquello de que todos somos inocentes mientras no se pruebe nuestra culpabilidad. Eso me parece muy bien, porque todos –sin excepción– somos sujetos del derecho y hay muchos presos que son inocentes. Sin embargo, ¿quién pagó los gastos médicos de Miguel, que sufrió hematomas de consideración y una fisura costal por jugársela “a lo Tom Cruise”? ¿Quién pagará los daños sufridos en la Fargo y en el Kia del vecino? En definitiva, ¿quién conoce y defiende los derechos de las víctimas de la delincuencia en nuestro país, de una manera tan oportuna, versada y jurisconsulta como aquellos policías preservaron los derechos del ladrón en este caso? ¿Los mismos policías?

En las antípodas del Brasil pistolero de Bolsonaro, el Ecuador aguado de Rafalenin ha fracasado en el combate a la delincuencia y en la protección de los ciudadanos. Hace tres semanas, una turba mató a un sospechoso de violación en el Parque Bicentenario de Quito ¿Acaso el correomorenismo propicia –indirectamente– la ley de Lynch en las cárceles y en las calles? O la próxima vez que suframos un robo, ¿debemos conseguir inmediatamente un abogado, no para acusar al ladrón, sino para que nos defienda si este nos demanda por acoso moral, injuria calumniosa, crueldad mental, discriminación laboral y linchamiento cibernético? (O)