Una de las expectativas fundamentales de una democracia saludable es la existencia de un sistema judicial independiente que pueda desarrollar sus funciones excluyendo la intromisión de otras funciones o grupos de poder, recordando que la justicia independiente es base fundamental en el fortalecimiento de cualquier proceso democrático. En ese sentido se recalca el hecho de que la función judicial no puede estar de ninguna manera al servicio del gobierno de turno por más empecinado que se encuentre en la intromisión.

En tal sentido, no existe duda de que luego del anterior período, el Ecuador necesitaba recuperar con urgencia, y por qué no decirlo, con pasión, el sentido propio de esa independencia judicial, pues resulta evidente que en ese lapso el régimen convirtió a la función judicial en instrumento de sus alcances y despropósitos, situación reflejada en decenas de procesos y decisiones que dejaban en muy mal predicamento a la mencionada independencia judicial. Es posible afirmar que la imparcialidad e integridad de la función judicial se vio desbordada por la injerencia definitiva del entonces Gobierno, quedando para la anécdota aquella aseveración del expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, cuando aseveraba que decir que en la justicia se hacía lo que Rafael Correa decía, “no es tan cierto”. A confesión de parte...

En todo caso resulta claro que si algo no tenía el anterior Consejo de la Judicatura era precisamente independencia, recordando que cuando fue cesado se comprobaron los conflictos de intereses y el “régimen de control de forma direccionada” con el cual se vició la actuación del sistema judicial en el anterior período democrático en una especie de simbiosis afrentosa. Sin embargo, luego de revisar las declaraciones de Julio César Trujillo, presidente del CPC de transición ante las denuncias de sobreprecios en la edificación de complejos judiciales, uno queda perplejo ante lo que asevera, especialmente cuando señala que fueron benignos al cesar a Jalkh por su intromisión en la justicia cuando debió haber sido excluido por “pícaro”. Sí, como ustedes lo leen por “pícaro”, sinónimo de “tramposo y desvergonzado”.

Julio César Trujillo expresó adicionalmente que “es pícaro aquel que daba la apariencia que no lo era”, acusación dura que no debe quedar en un decir más. Sin embargo y sin pretender hacer una relevancia de cuál de las acusaciones resulta más grave, considero que si la picardía es punible, el haber permitido la injerencia plena del poder de turno en el manejo de la justicia no tiene perdón ni excusa, reflejo indecoroso de lo que era la justicia en nuestro país, ejemplo de sumisión y dependencia. (O)