Siguiendo el hilo de los anteriores artículos escritos respecto al tema petrolero y luego de más de 16 meses transcurridos del actual gobierno, estimo conveniente repasar algunos casos denunciados al respecto, destacando que desconozco cuál ha sido el resultado de las auditorías e investigaciones que determinen responsabilidades de orden civil, penal, administrativo que concluyan que se actuó conforme a la normativa legal tomando en cuenta los intereses del país. Uno de los casos de mayor expectativa nacional es conocer los resultados respecto a la frustrada construcción de la Refinería del Pacífico en El Aromo, cuyo costo a la fecha supera los USD 1.200 millones. Sería interesante que los ecuatorianos sepamos con exactitud cuánto se invirtió, cuántos concursos se mediaron, quiénes participaron, quién ordenaba los gastos, quién fue la autoridad máxima responsable de este proyecto. En fin, son tantas inquietudes que surgen alrededor de este tema, que, hasta el momento se ha convertido en un monumento al despilfarro, al abuso y falta de control en el destino de los fondos públicos tan escasos en la actualidad y que estamos pagando con el alza del precio de la gasolina, en detrimento de la economía de los ecuatorianos.

Debo destacar que las autoridades de control han centrado sus esfuerzos en auditar los contratos suscritos por EP Petroecuador en la venta anticipada de crudo a los chinos, de mucha importancia, pero sobre el manejo económico y administrativo de otras entidades públicas como Flopec, denunciadas frecuentemente a través de esta columna, no han merecido una explicación por parte de la Contraloría, más bien recibí amenazas por parte del anterior gerente general. No han explicado a los ecuatorianos por qué se efectuaron contrataciones a dedo sin sustento legal, nunca se justificó por qué se daban contratos a grandes empresas como el caso de ST Shipping, subsidiaria de la multinacional Glencore, donde se le concedió a la empresa Thankship la prerrogativa de convertirse en bróker de este convenio y tampoco se explicó por qué se concedió un porcentaje exagerado de 2,5% de todos los recursos que ejecutaron como consecuencia de todos los contratos. Insisto, se desconoce si en este Gobierno sigue vigente ese contrato y dicho porcentaje, en evidente perjuicio a los intereses nacionales y en época de escasez de dinero. Las autoridades permanecen mudas. Los actuales directivos de EP Flopec deben responder al respecto. El silencio implica muchas dudas.

La estatal petrolera requiere estabilidad administrativa para optimizar su rol. Los rezagos correístas deben ser eliminados de raíz, tanto daño han causado, pues algunos funcionarios petroleros permanecen tan campantes. El exgerente de negociaciones de contratos de preventa petrolera, Dr. Alejandro Mosquera, ahora funge como alto funcionario de la Procuraduría de la estatal bajo la dirección de su cuñado.

Estaba convencido de que con el régimen del presidente Moreno las cosas iban a cambiar radicalmente, pero aquello no ha ocurrido. Tantos casos de posibles actos de corrupción denunciados, ocurridos en el gobierno anterior, permanecen en el limbo. Nadie responde sobre lo sucedido con la adjudicación del campo Pungarayacu y el Bloque 20 adjudicado a la empresa Ivanhoe, que salió del país en el 2015, adjudicación que se efectuó en contra de criterios técnicos de EP Petroecuador, pero fueron aprobados por Rafael Correa. Fue una pésima decisión que trajo como consecuencia pérdidas inmensas a nuestro país. Nadie dice nada. El silencio cómplice ha sido la respuesta. (O)