Tras el proceso de destrucción sistemática de las garantías electorales emprendido por el gobierno venezolano a partir de finales del año 2015, las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo difícilmente podrían ser consideradas democráticas.

El recuento breve de las condiciones desmanteladas suma la inhabilitación de los principales líderes opositores, la ilegalización de los más importantes partidos de oposición, la anulación de las elecciones parlamentarias del Estado Amazonas (sin resolución desde 2015), el fraude en las elecciones de gobernadores del Estado Bolívar en 2017, la destitución del gobernador del Estado Zulia al negarse a ser juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización y cambio de centros de votación de electores con fines políticos y la organización adelantada de elecciones presidenciales en escasos tres meses, sacrificando la calidad e integridad de todo el proceso.

Todo esto en medio de una crisis económica y social sin precedentes que ha sido aprovechada por el Gobierno para desarrollar un mecanismo de control y coerción política, especialmente dirigida a la población más pobre, que intercambia los bienes necesarios para la supervivencia por votos, implementado a través de un dispositivo de alta tecnología: el carnet de la patria.

Así lo ha hecho explícito el presidente Nicolás Maduro, sin ningún pudor y bajo la mirada siempre cómplice del Consejo Nacional Electoral durante sus actos de campaña “esto es dando y dando (…) 16 millones 500 mil carnetizados. Quiero protegerlos a todos. Pero yo los llamo a votar el 20 de mayo. A todos con el carnet de la patria. A todos los llamo a votar (…) Todos los días voy a llamar al carnet de la patria. A todos los carnetizados. Esto es dando y dando. Yo los apoyo a ustedes y ustedes apoyan la Constitución y la democracia. Dando y dando” afirmó el 24 de abril en un mitin desde el Estado Carabobo.

En este contexto la dubitativa y dividida oposición perseguida, exiliada, encarcelada o en franca colaboración con el Gobierno, entró en un proceso de autodestrucción. Mientras una parte encabezada por el partido Avanzada Progresista y su líder el exgobernador del Estado Lara, Henry Falcón, ha decidido participar en la elección, otra fracción intermedia ha denunciado nacional e internacionalmente la ilegitimidad de las elecciones. Una última fracción, la más radical, se ha dedicado a atacar directamente a Falcón acusándolo de ser una pieza del Gobierno, cuya participación tiene como objetivo legitimar el proceso electoral y atornillar aún más a Maduro en el poder.

Con todo, el escenario es extremadamente incierto. Si bien los niveles de rechazo al presidente Maduro y su gestión se mantiene entre 75% y 80% −entre otras razones debido a la hiperinflación (proyectada en más de 140.000% para el 2018), la profunda escasez que alcanza el 100% de algunos rubros de medicinas y alimentos, los índices de pobreza superiores al 80% (en estimaciones conservadoras), el altísimo nivel de criminalidad y el colapso de los servicios públicos más elementales (electricidad, agua, salud y sistema educativo)−, la oposición no ha planteado una alternativa creíble.

Falcón decidió participar entre dos aguas: en contra de la mayoría opositora y el radicalismo madurista, orientando su estrategia electoral a la división del chavismo. Por eso su campaña se desarrolla dentro del sistema chavista sin cuestionarlo y se dirige al presidente Maduro como si se tratase de un mal gobernante democrático y no de un dictador, como piden los sectores opositores.

Así, a pocos días del 20 de mayo, los escenarios lucen inciertos. Especialmente porque ignoramos el impacto que tendrán cuatro variables inéditas: 1.- Se desconoce la magnitud de la gigantesca ola migratoria venezolana y cómo ha afectado la estructura poblacional y electoral del país. 2.- Los altos niveles de abstención reportados en las encuestas (entre 40% y 50%, a diferencia del 80% de participación registrado en las dos últimas elecciones presidenciales); 3.- La aparición de un tercer candidato (el expastor evangélico Javier Bertucci) que concentra entre el 10% y el 20% de las intenciones de votos (según distintos estudios de opinión); 4.- El poder real de los mecanismos de control y coerción social desarrollado por el Gobierno.

¿Podrá Maduro ganar la legitimidad que necesita entre sus aliados nacionales e internacionales con niveles muy bajos de participación? En su defecto, ¿podría realmente modificar los resultados? ¿Podrá Falcón derrotar a Maduro con sus propias reglas y sus propios electores? Y si lo hace, ¿le será reconocida su victoria? En cualquier escenario, ¿cuál será el futuro de la oposición luego de las elecciones?

Las elecciones venezolanas no son justas, ni libres, ni mucho menos democráticas. Pero no por eso carecen de incertidumbre. El 20 de mayo todo parece posible.  (O)