La “receta de la década pasada” demostró tener problemas, promovió una economía sostenida en gasto público, financiada por ingresos petroleros que al disminuir pasó a endeudarse externa e internamente (proveniente del Banco Central del Ecuador [BCE]) en montos crecientes, plazos cortos, tasas altas. Modelo liderado por un equipo de autoridades y asesores, quienes gestionaron la economía de la década pasada, presentaron las proformas 2017, 2018 y la “ley de reactivación económica”.

En economía dolarizada la independencia del BCE ha demostrado ser un bien público. Independencia entendida como la capacidad de tomar decisiones técnicas en favor de la sociedad, no sujetas a influencias: del gobierno de turno, grupos económicos o políticos.

El BCE indicó: “… que la economía se está recuperando… se estima un crecimiento de 1,5% en 2017”. Un BCE “independiente” tendría más cautela en sus apreciaciones debido a que:

i) La tasa de crecimiento anunciada debe ser comparada, al menos, con la del crecimiento de la población 1,56%, en consecuencia tendería a 0%. ii) Buena parte del crecimiento fue fruto del gasto público, hoy insostenible, basado en deuda proveniente en parte del BCE (con recursos de los depositantes o GAD) o petróleo prevendido donde ganaron terceros. Según el observatorio de la política fiscal, el déficit al 2017 será de alrededor del 6% del PIB, el país se endeuda y su déficit fiscal crece. iii) La inversión física (construcción, maquinaria y equipo) se redujo en 2,8% comparada con el 1er semestre de 2016. Más allá de las cifras, los ecuatorianos hoy tenemos mayor dificultad para conseguir trabajo, evidenciado en que el empleo de baja calidad es el más significativo de la PEA (55,3%), según el INEC.

Un BCE independiente no debería promover una “ley de reactivación” que, entre otros:

i) Elimine una de sus obligaciones básicas “… proveer la liquidez necesaria para que los ecuatorianos puedan realizar sus actividades económicas con normalidad…” buscando transferir esta obligación a las instituciones financieras privadas y que estas cubran el “diferencial” con los recursos que tienen en el exterior destinados a cubrir operaciones de comercio exterior. ii) Promueva un monopolio público con la información crediticia de los prestatarios que será administrado por la Superintendencia de Bancos (SB) haciéndola juez y parte, eliminando información de potenciales sujetos de crédito (inferiores a US$ 56), discriminando el acceso a información a operadores de pagos, en detrimento de la creación de nuevos productos financieros incluyentes.

Un BCE independiente debería propiciar un ecosistema eficiente y competitivo de pagos de alto y bajo valor (transacciones mayoristas y minoristas), donde las instituciones financieras (bancos, cooperativas de ahorro y crédito) y usuarios podamos acceder convenientemente (en todo lugar, a precios adecuados) a transferencias financieras, mediante las distintas formas de pago (tarjetas, billetera electrónica, etc.) con reglas de juego uniformes (sin cancha inclinada), que apoyen a la innovación y a la interoperabilidad de las redes (por ejemplo, que un cliente pueda usar cualquier cajero); precautelando la seguridad y solidez del sistema financiero, garantizando la confianza de depositantes/socios, por ejemplo, con un seguro de depósitos universal de igual monto de cobertura para todos. (O)