Para el Foro Económico Mundial (FEM) la competitividad es el “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”; la mejora de la productividad tiene un efecto positivo en el crecimiento económico y el empleo. El FEM publicó su Informe Global de Competitividad (IGC) 2017-2018, que evalúa los factores que impulsan la productividad y crecimiento en 137 países. Ecuador se localiza en la posición 97, descendiendo seis lugares respecto del año pasado (91).

Ecuador no ha tenido un buen desempeño en el IGC 2017-2018, debido principalmente a la limitada productividad, alta informalidad, escasa diversificación de las exportaciones, falta de herramientas para crear empleo. De los doce pilares que conforman el ranking, diez han sufrido un deterioro, siendo los más comprometidos: Instituciones (128), Eficiencia en los mercados de bienes (128), Eficiencia en los mercados laborales (126) y Desarrollo del mercado financiero (113).

La caída en el IGC se explica, relaciona y retroalimenta con tres problemas que agobian a la economía ecuatoriana (los cuales ya he comentado en artículos anteriores): (I) Situación fiscal inviable, no solo por el gasto público elevado como porcentaje del PIB, sino además ineficiente, pues su aporte al desarrollo de la matriz productiva, particularmente a mipymes y grandes empresas vinculadas al sector exportador, ha sido limitado; profundizado por un endeudamiento público a plazos cortos y tasas altas. (II) Crecimiento económico bajo, debido a la reducción del gasto fiscal que afectó negativamente la demanda del mercado doméstico y los empleos de calidad. (III) Deterioro del sector externo por la pérdida de competitividad de los productos de exportación y altos costos internos de producción.

No es posible postergar un “programa macroeconómico, integral y gradual” con reformas estructurales para enfrentar los problemas citados: (I) Fiscal: (a) Disciplina en términos de gasto, reducir la nómina, adoptar medidas que incrementen ingresos no petroleros, mejorar drásticamente el cobro de tributos a los morosos y eliminar impuestos que provocan desincentivos a la inversión. (b) Gestionar la deuda externa, ampliando plazos y reduciendo tasas, sincerando la información en el marco de un acuerdo con los organismos multilaterales. (c) Fortalecer la operatividad e institucionalidad de las APP. (II) Mejorar el clima de inversiones que promueva la actividad e inversión privada: (a) Promover acuerdos comerciales. (b) Eficiencia del mercado laboral, para disminuir el empleo de mala calidad, reduciendo costos a las mipymes. (c) Estrategia de inclusión y educación financiera, que promueva uso, acceso, educación y protección al consumidor excluido de productos y servicios financieros. (d) Centros de Desarrollo Empresarial Ciudadano. (e) Ley de insolvencia y bancarrota. (III) Sector externo: Fomento a la productividad y competitividad de las exportaciones.

El objetivo central de un programa así sería crear y sostener el empleo de calidad, máxime si la “mesa no estuvo servida”, como señala el presidente Lenín Moreno, y bajo su liderazgo contaría con el apoyo político y social de los ecuatorianos, quienes entendemos que un programa serio implicará sacrificios para la sociedad en su conjunto, pero así planteado tendrá menores costos para los grupos vulnerables y pobres del país. (O)