Principal interés de los electores es elegir un gobierno que les garantice trabajo, salud, educación, vivienda, servicios públicos eficientes y mejoramiento constante de sus condiciones de vida, capacidad de elección que implica poseer la habilidad para evaluar los planes de gobierno que presenten los diversos partidos políticos y sus candidatos, las decisiones y acciones ejecutadas por el gobierno elegido y juzgar los resultados de tales acciones durante el transcurso del periodo presidencial. Esa habilidad de evaluación y análisis del funcionamiento de la economía de un país y los factores que la pueden llevar al progreso o al retraso la tiene un bajo porcentaje de ciudadanos debido a que los sistemas educativos, a menos que sean carreras relacionadas con Economía, no contemplan conceptos de Economía Básica en sus programas; y si lo contemplaran, seguramente serían enseñando “primero las ramas y luego el árbol”, es decir, de lo particular a lo general, común denominador de nuestra enseñanza y no viceversa. Para formar ciudadanos conscientes con suficiente criterio para elegir, dentro de los programas de enseñanza de ciencias sociales de los últimos semestres de secundaria y universidad se requiere incluir conceptos de economía básica, no simples fórmulas, que permitan la formación de una mente crítica sobre la economía del país y evaluar su progreso en el tiempo; enfatizar que los modelos económicos que han primado son el Modelo de Libre Mercado, en el que los medios de producción de la riqueza están en manos de particulares; y el Modelo de Economía Centralizada, en el que todos los medios de producción y la capacidad para la generación de riqueza son propiedad del Estado. Ejemplo de los primeros, los países occidentales excepto Cuba; y de los segundos, Cuba sigue siendo la excepción, pues tanto los países que fueron parte de la Unión Soviética como China, fracasaron en su intento de administrar el sector productivo y se vieron obligados a plegarse al libre mercado permitiendo los emprendimientos particulares.

Ecuador es un país regido bajo el Sistema de Economía de Libre Mercado y, por lo tanto, los medios de producción, esto es actividades agrícolas, piscícolas, camaroneras, industrias, turismo, comercio y otros servicios, pertenecen a empresas privadas y particulares, en cuyas manos está lograr el constante crecimiento de la generación de riqueza para crear las plazas de empleo que el aumento poblacional anual demanda, pagar impuestos y tasas de servicio al Estado para financiar los presupuestos de gastos anuales generados por las entidades que lo conforman: la Asamblea Nacional, que tiene como principal función la creación de las leyes y la fiscalización de los actos de la función ejecutiva, y del Tribunal Supremo electoral; la Función Judicial, constituida por el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia; las autoridades de control, Contraloría General del Estado y Superintendencias, responsables de supervisar y controlar la correcta aplicación de las normas legales y regulatorias y el cuidado de los dineros públicos; y del público en las entidades controladas; y, el Gobierno Central y sus entidades autónomas, responsables de la Administración pública y de brindar todos los servicios que llenen las necesidades de la población, esto es, educación, salud, bienestar social y la construcción de la infraestructura necesaria.

Si queremos ciudadanos con apropiada capacidad de elegir, deberían votar en una edad en la que valoran las realidades de mantener una vida independiente, 21 años, previa formación en colegios y/o universidades del criterio suficiente para razonar su decisión sobre las cualidades de partido político y candidato, cuyo programa de gobierno llene sus expectativas.

El mayor desafío de los países es lograr equilibrio presupuestario, para lo cual deben equilibrarse los ingresos originados en los tributos y tasas pagadas por el sector privado y la población productiva (IVA e impuesto a la renta principalmente) con los gastos corrientes y los pagos de las amortizaciones de deudas e intereses contratadas para el financiamiento de inversiones. Conseguir este equilibrio es la meta de una economía sana como preludio al crecimiento de la riqueza a niveles superiores al de la población, siempre y cuando exista una saludable afinidad entre las políticas del Estado en las áreas de Producción y Tributaria y la capacidad real del sector productivo para cubrir la carga fiscal sin afectar su crecimiento; además, debe de proporcionarse un ambiente de confianza a empresarios e inversionistas, brindando seguridad jurídica, tributaria y personal.

Si queremos ciudadanos con apropiada capacidad de elegir, deberían votar en una edad en la que valoran las realidades de mantener una vida independiente, 21 años, previa formación en colegios y/o universidades del criterio suficiente para razonar su decisión sobre las cualidades de partido político y candidato, cuyo programa de gobierno llene sus expectativas. De mantener la ceguera de la juventud en temas económicos y capacidad de votar desde los 16 a los 18 años, mantendremos abiertas las puertas para que políticos ilusionistas y patrioteros continúen jugando con la voluntad ciudadana. (O)