Uno de los insultos más utilizados por el presidente Correa, cuando quiere descalificar a alguien que ose pensar diferente y criticar sus designios, es el de “politiquero”, esto es, tratarlo como alguien que hace política con intrigas y bajezas o aborda la política con superficialidad y ligereza, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Yo mismo he sido halagado en quince ocasiones o más, con semejante apelativo, obviamente cuando mi opinión difiere de aquello que el poder considera como cierto y verdadero. La última vez, en la inauguración del Complejo Judicial Sur en Quito, al referirse a la creación de un grupo civil, armado y a órdenes del Ministerio del Interior que se propone en el proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el cual se encuentra actualmente en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por la asambleísta María Augusta Calle, para informe de segundo debate.

Como presidente de un gremio, he puesto en consideración de la opinión pública y formalmente también de la comisión legislativa mencionada nuestros reparos a semejante iniciativa que de entrada contraviene lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución, que establece a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional como únicas instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, obedientes y no deliberantes y que cumplirán además su misión con estricta sujeción al poder civil y a la norma constitucional. El grupo civil y armado, cuya creación se propone en el proyecto, está fuera de las instituciones antes señaladas y, como ya se dijo antes, depende del Ministerio del Interior. Su finalidad, de acuerdo con lo establecido en el proyecto sería la protección de los altos cargos gubernamentales y sus familias.

Para no caer en la superficialidad de análisis que nos acusa Correa, creo que debemos hacer algunas precisiones. En primer lugar, la creación de cuerpos armados al servicio del poder, por fuera de las instituciones regulares no es una idea, ni nueva ni original. Recordemos que las tristemente célebres Schutzstaffel o SS nazis fueron creadas bajo esa estructura. Se establecieron en 1925 como guardia personal de Hitler y posteriormente se convirtieron en una especie de segundo ejército, con un sistema de rangos diferente al que utilizaba la Wehrmacht (fuerzas armadas) regular. La protección del Führer y sus allegados fue la razón de su creación y ya sabemos en lo que esto desembocó y el papel que jugaron, sobre todo en materia de represión y eliminación de ciudadanos considerados como peligrosos por el régimen, sea por su etnia, procedencia nacional, orientación sexual o simplemente por disentir políticamente.

Seguro se me dirá que, aunque existen puntos en común, la comparación con las SS es extrema y que lo que se propone, más bien va en la línea de los servicios secretos estadounidenses o alemanes. Sobre esto, también debe aclararse un par de temas. Por una parte tanto Estados Unidos como Alemania tienen una estructura estatal federal, en la cual estos cuerpos armados actúan como agencias federales y no como órganos bajo el mando de una secretaría de Estado. Por otra parte, estas agencias federales, especialmente el servicio secreto estadounidense, son órganos que si bien dependen del poder ejecutivo, se encuentran supervisados por comités especiales del legislativo que aseguran su adecuada utilización.

La experiencia regional nos muestra rasgos claramente negativos, en lo que se refiere a la estructuración de grupos ciudadanos armados, siempre además con la supuesta finalidad de protección. Luego de su creación han terminado constituyéndose en fuerzas paramilitares destinadas fundamentalmente a la represión y a la vulneración de derechos humanos. Recordemos lo que pasó con los Tonton Macoutes en la Haití de François Duvalier, creada por “Papá Doc”, como se hacía llamar el dictador, supuestamente con el objeto de proveerle seguridad a él y sus allegados, pero que luego se convirtió en un instrumento de auténtico terror. Ni qué decir lo que pasó en Colombia con las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, auspiciadas desde el propio Estado, con el supuesto objeto de proteger a los campesinos y especialmente a los hacendados de los ataques de las FARC. Estos “servicios de seguridad y protección”, denominados Convivir, que actuaban legalmente y estaban autorizados a portar armas y equipos de comunicación, devinieron posteriormente en las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar de extrema derecha que generó tanta o mayor violencia que la propia guerrilla a la que decía combatir.

Las estructuras son las mismas y siempre han terminado en idénticas prácticas. Si no me creen, pregunten a cualquier italiano lo que fue la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale MVSN, mejor conocida como “los camisas negras” y verán de lo que estamos hablando. (O)

 

La experiencia regional nos muestra rasgos claramente negativos, en lo que se refiere a la estructuración de grupos ciudadanos armados, siempre además con la supuesta finalidad de protección. Luego de su creación han terminado constituyéndose en fuerzas paramilitares destinadas fundamentalmente a la represión y a la vulneración de derechos humanos.