En el marco de la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Humana, el discurso oficialista insiste en posicionar al Ecuador como ejemplo de humanismo para el mundo. A propósito de la deuda histórica con millares de emigrantes que fueron forzados a dejar el país tras la crisis bancaria, el presidente Correa repite la frase: “Nunca más el capital por encima del ser humano”, una expresión grandilocuente que se contradice con la imposición de su política extractivista durante los últimos años y la defensa de intereses económicos de empresas transnacionales a costa de graves impactos territoriales, sociales y ambientales.

Resulta desconcertante el discurso de defensa de derechos humanos que promueve la propaganda oficial, mientras casa a dentro no cesan las persecuciones y violaciones de derechos fundamentales de sectores vulnerables de la población, como es el caso del pueblo Shuar de nuestra Amazonía.

Tras los violentos desalojos de comunidades indígenas en Morona Santiago, protagonizados por la fuerza militar y la empresa minera china EXSA en agosto y diciembre de 2016, decenas de familias fueron desterradas, destruyeron sus casas y pertenencias, arrasaron sus cultivos, les negaron su única fuente para subsistir y los obligaron al desplazamiento, la marginalidad, la desintegración familiar y comunitaria. Muchos de sus miembros son acusados por el Estado de pertenecer a grupos armados, a pesar de que no existen pruebas de aquello, allanaron su Federación y cerraron la frecuencia de radio Arutam, acusándolos de promover el caos social. La persecución política sobre sus dirigentes continúa y la desolación es grande en estas poblaciones, donde la verborrea humanitaria del Gobierno encuentra su más grande contradicción.

Mientras el Gobierno pregona por todos sus medios que el Estado de Excepción ha traído tranquilidad a las comunidades indígenas de la zona, llegaron a Quito las voces de mujeres de la nacionalidad Shuar para romper con el silencio que el Estado les impone con las armas y denunciar con valentía los continuos atropellos de las que son víctimas, además del hambre y el estado de terror que afecta psicológicamente a sus hijos, quienes ni siquiera han podido volver a sus escuelas. Exigen al Gobierno que desmilitarice sus territorios y abra las puertas del diálogo. Sin embargo, el mismo presidente que pretende dar clases de derechos humanos al mundo, ha sido incapaz de resolver los conflictos por la vía pacífica con su propio pueblo y, por el contrario, opta por reproducir las mismas relaciones de poder y autoritarismo de anteriores gobiernos neoliberales.

En este gobierno, que se ufana de defensor de los derechos humanos, no existen respuestas sobre los asesinatos de los dirigentes indígenas Shuar Bosco Wisuma, Freddy Taish y José Tendetza, quienes perecieron en la lucha por la defensa de la vida, el agua y sus territorios y cuyas muertes siguen en la impunidad, evidenciando que los derechos humanos en nuestro país aún están lejos de alcanzar una perspectiva y validez universal.

Cuando los derechos humanos se convierten en un privilegio, gana terreno la impunidad, la violencia, la ambición y el desparpajo de una clase política que en la actual coyuntura electoral nos promete “Patria para todos”… menos para los pueblos que resisten a la minería.