Sorprendió y confundió a muchos la respuesta del presidente del Comité Empresarial, Ing. Henry Kronfle, a periodistas que le preguntaron qué podría hacer el sector empresarial para apoyar al desarrollo en un contexto de estrechez fiscal. Una alianza público-privada, dijo. Algunos interpretan que se trata de una propuesta para que las cámaras participen en el poder. Nada que ver.
Lo de la alianza público-privada no está presente en la discusión pública del país. Pero está vigente en países que han sido referentes del Ecuador en el pasado, aunque no de los que son referentes hoy: Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La Alianza es algo parecido a una concesión con reembolso directo del Estado. En lugar de que el Estado se endeude, por ejemplo para hacer un hospital, selecciona a un grupo inversor para que lo construya. Durante un periodo predeterminado los inversionistas gestionarían la empresa, la infraestructura. Pero los médicos y personal de salud serían funcionarios públicos bajo la supervisión de las autoridades. El Estado paga en cuotas la obra más la utilidad pactada. Una vez terminado el pago, la obra revierte al Estado.
Este esquema lo han aupado el BID y la Cepal, y ha sido adoptado por diversos países. Se requiere una ley.
En Colombia, la ley data de enero de 2012, y en su primer artículo las define: “Las Asociaciones Público-Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”.
En Perú, en abril, la legislatura dictó un decreto que aprueba la “ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”.
El Ministerio de Salud de México sintetiza los beneficios que busca mediante alianzas de esta índole: el desarrollo de infraestructura sin endeudamiento; ampliación de la cobertura de servicios; mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos; un vehículo para mejorar la calidad del servicio público; la mejora en el diseño y en la gestión de las instalaciones y de la relación calidad-precio de la infraestructura y de los servicios auxiliares; transferencia al sector privado de riesgos para los que está mejor preparado; obtener instalaciones con la calidad esperada, en el plazo programado y con el costo presupuestado.
Kronfle, como presidente de la asociación latinoamericana de empresarios, trata sobre esto continuamente con las industrias afiliadas, y de ahí que de paso lo haya mencionado, en el contexto de un ciclo de conferencias sobre la dolarización.
Es un mecanismo que está sobre la mesa. Queda para el presidente recurrir al mismo por su utilidad o rechazarlo por serle ideológicamente indigesto. Pero no es ni una búsqueda de poder político por parte de empresarios ni tampoco un ardid de opositores para decir que el Estado está quebrado.
