Hace pocos días, en una reunión con un grupo de comunicadores sociales –como era de esperarse–, surgió el tema de la campaña ‘La ciudadanía le habla a los medios de comunicación’, impuesta por la Secom. Naturalmente, las opiniones y conceptos fueron diversos. Sin embargo, me interesó uno en particular porque su reflexión se basaba en que antes de que existieran la normativa actual e instituciones reguladoras como la Secom, muchos comunicadores sociales, presentadores y locutores, escribían o salían en la televisión y expresaban su criterio acerca de una persona de manera despectiva, pisoteaban su dignidad, levantaban sospechas, insinuaban situaciones dudosas, atacaban a los familiares, hacían mofa de sus características físicas, imitaban gestos, voces, reforzaban prejuicios, apoyaban descaradamente sus preferencias políticas, etcétera, abusando de que tenían una cámara y un micrófono y –con voz altisonante concluía el periodista– estaba muy bien, nadie decía ni pío.
Mientras el joven describía tales situaciones, yo concordaba con él. Sí. Son ciertos todos y cada uno de los escenarios detallados. Así eran algunos periodistas prevalidos del poder que dan los medios de comunicación y que gracias a ese poder actualmente son gobernadores, legisladores, prefectos, alcaldes, etcétera. Eso es innegable. Pero al mismo tiempo pensaba… ¿y ahora?... ¿Qué ha cambiado ahora respecto de esos abusos? ¿La Secom cuida que eso no se repita? La Secom, ¿la entidad que imponía la transmisión de la campaña ‘La ciudadanía le habla a los medios de comunicación’? ¿La misma entidad que no se pronuncia cada vez que desde el gobierno se insulta al de turno?
El diccionario de la RAE en el contexto que nos ocupa define al término ley como “cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética”. Me parece que lo relevante es cuando sentencia que la ley va en “consonancia con la justicia y la ética”. Porque si la ley no estuviera enmarcada en los conceptos de justicia y ética…, ¿qué sería?
Veamos algunos escenarios: podría ser una herramienta para que, desde el poder que sea, se manipule a la ciudadanía; podría ser el brazo ejecutor de venganzas (lo cual dista mucho de hacer justicia); podría ser el mejor y más eficiente medio de desinformación, de exposición de opiniones maquilladas como verdades universales; podría –en definitiva– convertirse en una amenaza contra las libertades humanas.
La ley es para hacer justicia y no para intentar legalizar venganzas, frustraciones, complejos. Cada vez que salta el tema de un sujeto que primero fue marginado y que luego llega al poder, recuerdo a Nelson Mandela. Todos sabemos su historia dolorosa e injusta. No obstante, al llegar al poder constituyó la Comisión para la verdad y la reconciliación, la cual fue dirigida, nada más ni nada menos, que por Desmond Tutu, hijo de una empleada doméstica y de un profesor. Un hombre con probidad notoria, con autoridad moral para presidir y liderar la verdadera revolución a base de la conciliación. Nunca de la revancha.
Mandela y Tutu, mentes preclaras y superiores, entendieron para qué sirven las leyes.
